En medio de la pasada celebración del 10 de mayo, la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela una realidad menos festiva: las mujeres mexicanas estudian más, retrasan la maternidad y continúan cargando desproporcionadamente con el trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, lejos de representar automáticamente un avance en igualdad sustantiva, estos cambios evidencian la persistencia de estructuras sociales que continúan reproduciendo desigualdad de género.
El retraso de la maternidad suele interpretarse, desde discursos oficiales, como una señal de autonomía femenina y expansión de oportunidades educativas y laborales. En efecto, hoy más mujeres acceden a niveles educativos superiores y permanecen más tiempo en instituciones académicas. Este fenómeno constituye una conquista histórica vinculada a décadas de luchas feministas y a la ampliación del derecho a la educación. No obstante, la Eder sugiere que esta transición no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida ni en una redistribución equitativa de responsabilidades dentro del hogar.
La prolongación de la estancia de las mujeres en la casa revela una contradicción estructural. Aunque las mujeres estudian más, siguen asumiendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. El hogar continúa funcionando como un espacio de contención de desigualdades, donde las mujeres sostienen silenciosamente labores esenciales para la reproducción social. La educación, en este contexto, no elimina automáticamente las jerarquías patriarcales; simplemente las desplaza o complejiza.
Además, la maternidad tardía suele estar asociada a condiciones económicas adversas. Muchas mujeres retrasan tener hijos no únicamente por decisión individual, sino porque enfrentan precariedad laboral, falta de acceso a vivienda, ausencia de sistemas públicos de cuidados y empleos incompatibles con la crianza. La llamada “libre elección” frecuentemente está condicionada por mercados laborales excluyentes y políticas públicas insuficientes. La maternidad deja de ser un proyecto libremente decidido para convertirse en una variable subordinada a la incertidumbre económica.
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta situación resulta preocupante. El derecho de las mujeres a estudiar, trabajar, decidir sobre su reproducción y vivir libres de discriminación exige condiciones materiales concretas para ejercerse plenamente. Cuando las mujeres deben postergar maternidad por falta de estabilidad o abandonar oportunidades profesionales para asumir cuidados familiares, el Estado incumple parcialmente su obligación de garantizar igualdad sustantiva.
La Eder también obliga a cuestionar la narrativa meritocrática que responsabiliza individualmente a las mujeres de “administrar mejor” sus tiempos de vida. El problema no radica en que las mujeres estudien más o decidan ser madres más tarde; el problema es que las estructuras institucionales y económicas siguen diseñadas bajo un modelo masculino de productividad que presupone la existencia de una mujer cuidadora disponible permanentemente en el hogar.
Las políticas dirigidas a las mujeres no pueden continuar limitándose a enfoques asistencialistas o maternalistas. Se requiere reconocer a las mujeres como sujetas plenas de derechos y no únicamente como responsables del bienestar familiar. La información demográfica debe servir para anticipar desigualdades y no únicamente para registrarlas estadísticamente.
La Eder deja una conclusión incómoda pero necesaria: las mujeres mexicanas están transformando sus trayectorias de vida, pero las instituciones avanzan mucho más lentamente que ellas. Mientras el Estado no acompañe estos cambios con políticas integrales de igualdad, la ampliación educativa y la postergación de la maternidad seguirán ocurriendo dentro de un sistema que continúa cargando sobre las mujeres el peso invisible de la reproducción social.
*Doctora en Derecho
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