Recientemente fue publicado en el ‘Diario Oficial de la Federación’ el Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (PNPEISMH) 2026-2030, el cual representa un esfuerzo institucional por articular la perspectiva de género de manera transversal en la administración pública federal.
La participación de múltiples dependencias y la amplitud de sus líneas de acción reflejan el reconocimiento de la desigualdad de género como un problema estructural en México. Sin embargo, desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, el éxito de este diseño normativo depende de su capacidad de implementación y de la suficiencia presupuestal, factores que históricamente han limitado el alcance de estrategias predecesoras.
México cuenta con un marco jurídico robusto que ha permitido avances sustanciales en paridad política. No obstante, la persistencia de brechas socioeconómicas evidencia que el problema no es de índole estrictamente legal, sino operativa y estructural. El principal desafío del programa radica en transitar de la formulación de objetivos a la consecución de resultados medibles, un proceso que requiere indicadores de impacto estandarizados y mecanismos de evaluación independientes ajenos a la inercia burocrática.
El verdadero valor de una política pública no se mide por la cantidad de acciones programadas, sino por su capacidad para modificar las condiciones materiales de la población objetivo bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Uno de los pilares del programa es el reconocimiento de la economía del cuidado. Datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) del Inegi indican que las mujeres asumen el 75 por ciento de las horas de trabajo de cuidados no remunerado en los hogares.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) revela que las mujeres dedicamos un promedio de 43 horas semanales a estas tareas, en contraste con las 18 horas destinadas por los hombres. La viabilidad de un Sistema Nacional de Cuidados eficaz no depende de la narrativa institucional, sino de la asignación de partidas presupuestarias específicas, infraestructura descentralizada y una delimitación clara de responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno para evitar la dispersión operativa.
En el ámbito laboral, la autonomía económica enfrenta obstáculos multifactoriales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de participación laboral femenina ronda el 46 por ciento, frente al 76 por ciento de la masculina, concentrándose la fuerza de trabajo femenina mayoritariamente en el sector informal (alrededor del 54 por ciento). Esta misma encuesta señala que la brecha salarial de género persiste en un rango estimado de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento a nivel nacional por trabajos de igual valor, agudizándose en los sectores de mayor informalidad. El programa, por tanto, requiere coordinarse estrechamente con las políticas macroeconómicas y fiscales; de lo contrario, las acciones sectoriales aisladas resultarán insuficientes para revertir la segregación ocupacional.
La transversalidad plantea un riesgo clásico en la gestión pública: la dilución de la responsabilidad. La intervención de múltiples secretarías puede generar fragmentación si no se establece un liderazgo con capacidad coercitiva y de fiscalización.
La inferencia más clara es que la igualdad sustantiva es un imperativo democrático cuya evaluación debe someterse al rigor de la evidencia empírica. El Programa 2026-2030 enfrenta la dualidad de consolidarse como una política de Estado transformadora o figurar únicamente como una planificación sexenal formalista. La diferencia radicará en la transparencia de su rendición de cuentas y en la métrica rigurosa de sus resultados.
*Doctora en Derecho
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