En el contexto del Día Internacional de la Mujer, diversas instituciones en Jalisco impulsan convocatorias destinadas a reconocer la trayectoria y aportaciones de mujeres en ámbitos como la academia, el activismo social y la defensa de los derechos humanos. Estos ejercicios de visibilización son relevantes y necesarios; sin embargo, resulta indispensable analizar críticamente las condiciones en las que se otorgan estos reconocimientos y los alcances reales que tienen en la vida y el trabajo de las mujeres.
Un avance significativo en este sentido es la experiencia del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, cuya convocatoria al reconocimiento Irene Robledo García incorpora un incentivo económico para las mujeres galardonadas. Este elemento es fundamental, pues reconoce que la labor que realizan muchas mujeres implica una inversión sostenida de tiempo, recursos económicos, formación profesional y esfuerzo emocional. En un país donde, según el Inegi, el trabajo no remunerado equivale aproximadamente al 26 por ciento del Producto Interno Bruto, y donde las mujeres aportan la mayor parte de este valor, avanzar hacia reconocimientos con impacto material representa una práctica institucional pertinente y necesaria.
No obstante, más allá del estímulo económico, uno de los principales desafíos que enfrentan estas convocatorias es la construcción de criterios claros, públicos y accesibles que garanticen igualdad de condiciones para todas las mujeres que realizan aportaciones relevantes. En distintos espacios académicos y sociales se ha señalado la percepción de que los reconocimientos institucionales tienden a favorecer a perfiles con mayor cercanía a las estructuras gubernamentales o a los espacios de toma de decisiones. Esta observación no cuestiona ni descalifica las trayectorias de las mujeres que han sido reconocidas, cuyo trabajo merece respeto y valoración, sino que invita a reflexionar sobre los mecanismos de selección y las dinámicas institucionales que pueden limitar la diversidad de perfiles premiados.
Las mujeres académicas independientes, activistas comunitarias y defensoras de derechos humanos que trabajan desde los territorios o fuera de las estructuras formales del poder suelen enfrentar mayores obstáculos para acceder a este tipo de reconocimientos. Muchas de ellas sostienen su labor sin financiamiento estable, en condiciones de precariedad y, en ocasiones, con riesgos personales. La falta de capital institucional o político puede convertirse en una barrera no intencionada, pero efectiva, para su visibilización.
Desde una perspectiva de género, el reto no es elegir entre unas mujeres u otras, sino ampliar los marcos de reconocimiento para que reflejen la pluralidad de experiencias, trayectorias y aportaciones. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado que las mujeres continúan enfrentando brechas salariales cercanas al 20 por ciento, brecha que se profundiza en sectores sociales donde el trabajo es históricamente feminizado y poco valorado. En este contexto, los reconocimientos con incentivos económicos, acompañados de procesos transparentes, pueden convertirse en herramientas de justicia material y simbólica.
Reconocer a las mujeres en Jalisco implica no solo celebrar trayectorias, sino también fortalecer políticas institucionales que aseguren equidad, apertura y sostenibilidad. Incorporar incentivos económicos, criterios claros y convocatorias verdaderamente incluyentes permitirá que el reconocimiento deje de ser un acto aislado y se convierta en una práctica coherente con los principios de igualdad y justicia que el 8 de marzo representa.
*Doctora en Derecho
jl/I
