Este lunes pasado se conmemoró el Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexuales contra los Niños y Promover la Sanación, instaurado por la Asamblea General de la ONU en 2022. Esta fecha obliga a reflexionar críticamente sobre una de las formas más graves y persistentes de violencia contra la infancia: el abuso sexual.
Su prevención y erradicación se han convertido en objetivos centrales para los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Según Naciones Unidas, millones de niñas, niños y adolescentes sufren explotación sexual cada año tanto en entornos físicos como digitales, lo que refleja una crisis global de salud pública y derechos humanos.
En América Latina, el problema se intensifica por factores estructurales como la desigualdad social, la violencia generalizada, la falta de acceso a servicios especializados y la insuficiente capacidad institucional para prevenir y atender los casos. La región enfrenta además una cifra significativa de casos no denunciados, lo que impide dimensionar adecuadamente la escala del fenómeno y limita el diseño de políticas públicas eficaces.
En México, los datos más recientes reflejan una situación particularmente crítica. En 2023, los hospitales del país atendieron a 9 mil 802 menores de entre 1 y 17 años por violencia sexual, una cifra que duplica el promedio anual registrado desde 2010. Asimismo, el Inegi reporta una prevalencia de 5 mil 89 casos de abuso sexual por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, lo que posiciona al país en un nivel de riesgo alarmante. Se estima que 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual cada año, y que el 60 por ciento de esos casos ocurre dentro del hogar, generalmente perpetrados por familiares o personas cercanas a la víctima. La cifra negra es igualmente devastadora: 80 por ciento de las víctimas no denuncian, lo que señala profundas barreras sociales, culturales e institucionales que perpetúan el silencio.
A nivel local, Jalisco muestra una realidad que confirma la gravedad del problema. En 2025, el estado impulsó la Jornada Estatal para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, en colaboración con Unicef, con el fin de capacitar a personal gubernamental en detección, atención y prevención. Sin embargo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado registró un incremento del 9 por ciento en las carpetas de investigación por abuso sexual, superando las 4 mil denuncias anuales. Ello evidencia que, aun con políticas puntuales, la violencia sexual contra la niñez continúa en ascenso y demanda medidas integrales y sostenidas.
La gravedad del abuso sexual infantil se extiende más allá de la agresión física. Las secuelas psicológicas –como depresión, ansiedad, estrés postraumático y trastornos de vinculación– afectan profundamente la trayectoria vital de las víctimas. Además, sus impactos sociales se prolongan por décadas, alimentando ciclos intergeneracionales de violencia, marginación y desigualdad.
Ante esta crisis, se requieren políticas públicas robustas y articuladas. La prevención exige la implementación efectiva de educación sexual integral desde edades tempranas; la atención, el fortalecimiento de servicios interdisciplinarios que garanticen acompañamiento psicológico, médico y jurídico especializado; y la justicia, la creación de mecanismos que reduzcan la revictimización y aumenten las tasas de denuncia y sanción.
*Doctora en derecho
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