Hablar del acoso que sufrimos las mujeres en México no es hablar de casos aislados, sino de una realidad persistente, normalizada y profundamente arraigada en la estructura social. En cada espacio -la calle, el transporte, la escuela, el trabajo o incluso en la política-, las mujeres vivimos bajo la constante amenaza de ser acosadas, observadas, tocadas o recibir comentarios de connotación sexual. En nuestro país, a pesar de los avances en leyes y discursos, no existen respuestas efectivas en la materia.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y 2023 se registraron más de 40 mil denuncias por acoso sexual, de las cuales el 38 por ciento ocurrieron solo en 2023. Estos datos representan apenas la superficie: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh) muestra que el 77 por ciento de las mexicanas hemos sufrido acoso sexual al menos una vez en nuestra vida. De acuerdo con la Iniciativa Spotlight de la ONU (2019), una de cada cinco mujeres mexicanas ha experimentado acoso o violencia sexual en espacios públicos urbanos, lo que evidencia que la inseguridad y el hostigamiento trascienden clases sociales y geografías. La violencia sexual, así, se convierte en una forma sistemática de control sobre nuestros cuerpos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Mujeres han sido enfáticas: México debe fortalecer sus mecanismos de prevención, sanción y reparación, además de transformar la cultura machista que normaliza la violencia. No basta con castigar; se requiere reconstruir el tejido social, educar en igualdad y garantizar que la justicia sea accesible para todas las mujeres. Las instituciones mexicanas -desde la Secretaría de Gobernación y la Conavim hasta las fiscalías y el Poder Judicial- han recibido recomendaciones concretas de la ONU, la CIDH y el Comité Cedaw; sin embargo, el cumplimiento sigue siendo parcial y las brechas entre norma y realidad son profundas.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 5: Igualdad de género, México muestra avances dispares. De acuerdo con el informe “Agenda 2030: indicadores de género”, el país ha tenido progreso favorable en apenas 36 por ciento de las metas vinculadas con igualdad. Sin embargo, el acoso y la violencia de género reflejan que el derecho a vivir libres y seguras sigue siendo una deuda pendiente.
El hecho de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya denunciado haber sido víctima de acoso en un lugar público, expuso crudamente que ni siquiera la figura con mayor poder político del país está a salvo de la violencia de género.
El acoso es una violación a la autonomía, un intento por recordarnos -con palabras o con actos- que nuestro cuerpo puede ser invadido. Pero el cuerpo de la mujer no es público, ni debe ser territorio de miradas, comentarios, tocamientos sin consentimiento.
Erradicar el acoso implica reconocerlo como problema estructural, no como un incidente individual. Exige políticas públicas sostenidas, educación con perspectiva de género, espacios seguros y una justicia que actúe sin revictimizar. Solo así podremos decir, algún día, que ser mujer en México no implica vivir a la defensiva, sino en libertad.
*Doctora en derecho
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