En 2026, la situación de las mujeres en México y en Jalisco se mantendrá en un umbral crítico que combina riesgo estructural, inseguridad cotidiana y respuestas públicas fragmentadas. De acuerdo con información oficial, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años hemos sufrido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra, indicadores que persistirán en 2026 de no adoptarse cambios estructurales profundos.
Uno de los desafíos más apremiantes será la agudización del feminicidio. Si bien algunas cifras oficiales muestran una ligera disminución reciente, la violencia letal contra las mujeres seguirá siendo alarmantemente alta. Muchas muertes violentas de mujeres continuarán clasificándose como homicidios dolosos, lo que oculta la dimensión real del problema y dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. En este escenario, la impunidad seguirá funcionando como catalizador de la violencia, manteniendo elevadas tasas de agresión y homicidios por razón de género, dado que los feminicidios no se investigan ni sancionan adecuadamente.
Las mujeres también enfrentaremos violencia sexual y acoso sistemático en espacios públicos y privados. Las denuncias por delitos sexuales y hostigamiento se mantendrán en niveles altos, lo que anticipa que en 2026 estos ilícitos continuarán incrementándose en ausencia de mecanismos eficaces de prevención, denuncia y protección. A ello se sumará la violencia digital y mediática, una forma de revictimización insuficientemente regulada, en la que la exposición de imágenes, datos o narrativas estigmatizantes vulnera la dignidad y seguridad de las mujeres.
De manera paralela, la trata de personas con fines de explotación sexual, así como otras formas de violencia económica y psicológica, seguirán representando amenazas significativas. Estas prácticas estarán impulsadas por condiciones persistentes de desigualdad, precariedad laboral y migración.
Frente a este panorama, la respuesta presupuestaria y legislativa prevista para 2026 se percibe insuficiente y fragmentada. A nivel federal, el Presupuesto de Egresos ha fortalecido de manera parcial algunos mecanismos de prevención y atención de la violencia feminicida a cargo de la Secretaría de las Mujeres; sin embargo, la asignación sigue siendo marginal frente al gasto público total y carece de una transversalización robusta de la perspectiva de género. En Jalisco, el presupuesto destinado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres rondará los 600 millones de pesos, cifra que representa una proporción limitada del presupuesto estatal y resulta insuficiente sin una estrategia clara de prevención, atención y seguimiento.
El marco legislativo también presentará retos significativos. Persistirán vacíos normativos en la tipificación de delitos como la violencia vicaria y la violencia digital, así como carencias en el diseño de protocolos de atención especializados, protección integral para víctimas y rutas de denuncia accesibles y eficaces. La extinción de la Conavim y su absorción por la Secretaría de la Mujer, sin claridad operativa plena, profundizará la incertidumbre institucional y la fragmentación de las políticas públicas.
En conclusión, en 2026 las mujeres en México y Jalisco nos enfrentaremos a un contexto de violencia multidimensional, profundamente arraigado y sostenido por estructuras de impunidad. Aunque existen algunos avances estos no serán suficientes sin una transformación cultural, una implementación efectiva de políticas con perspectiva de género y una priorización real de los derechos de las mujeres. El desafío central será articular voluntad política, recursos y justicia efectiva para evitar que la inseguridad continúe traduciéndose en vidas truncadas.
*Doctora en Derecho
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