El programa estatal Yo Jalisco, Apoyo al Transporte (incluida la modalidad Mi Pasaje Apoyo a Mujeres) se presenta como una política pública cuya finalidad es reducir el gasto que mujeres sostén del hogar destinan al transporte público, mediante la entrega de boletos o tarjetas electrónicas con pasajes gratuitos hasta por dos viajes diarios, limitados por la suficiencia presupuestaria del programa.
Desde una lectura superficial, esta política puede considerarse un mecanismo de alivio económico; sin embargo, no incorpora un eje de política que aborde las barreras estructurales de género vinculadas a la inseguridad, el acoso y la violencia que condicionan la movilidad cotidiana de las mujeres, lo cual constituye una forma de desigualdad indirecta. Esta desigualdad no nace del subsidio en sí, sino de su incapacidad para transformar las condiciones sociales y de seguridad que limitan de manera más profunda la autonomía de las mujeres en el espacio público y en el transporte.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana aplicada en marzo de 2025, refiere que el 61.1 por ciento de la población de 18 años y más del Área Metropolitana de Guadalajara se siente insegura en el transporte público.
Un análisis de 2025 realizado por actores locales en Jalisco indicó que un 65 por ciento de las mujeres que utilizan el transporte público lo consideran inseguro, frente a solo el 35 por ciento que se siente segura. Esta cifra pone de manifiesto que la violencia y la percepción de riesgo no son marginales ni anecdóticas, sino condiciones que influyen directamente en las decisiones de movilidad.
El impacto de esta inseguridad para las mujeres se traduce en restricciones efectivas a la movilidad. La percepción o experiencia de acoso, agresiones verbales, contacto físico no deseado o temor a ataques limita el uso de rutas, horarios y recorridos, lo que puede derivar en decisiones de evitar el transporte público en momentos críticos, aunque esto suponga mayores costos económicos o sacrificios en términos de tiempo o acceso a oportunidades. En este sentido, el subsidio que representa la tarjeta no compensa estas restricciones de inseguridad; simplemente reduce el costo económico, pero no transforma la experiencia de riesgo ni las barreras de acceso seguro.
Desde una perspectiva de género, esta situación genera una forma de desigualdad indirecta y estructural: el programa de la tarjeta no atiende las causas que generan inseguridad —como la falta de vigilancia adecuada, la ausencia de mecanismos efectivos de prevención y sanción de agresiones, la insuficiencia de infraestructura segura o la falta de diseño urbano con perspectiva de género—. Al contrario, reproduce la desigualdad porque las mujeres siguen enfrentando condiciones que limitan su libertad de movimiento y su acceso a derechos fundamentales como el empleo, la educación o la participación social, aunque cuenten con recursos para pagar el transporte.
Un programa de subsidio solo económico, sin la incorporación de un componente robusto de seguridad y prevención de violencia de género en el transporte, corre el riesgo de ser un recurso paliativo que no transforma las condiciones estructurales de exclusión y de riesgo que enfrentan las mujeres, además perpetúa una forma indirecta de desigualdad de género que restringe las oportunidades reales de acceso a una movilidad segura, digna y libre de violencia.
*Doctora en Derecho
jl/I
