Ante los esfuerzos institucionales y los recursos millonarios anunciados para el saneamiento del río Santiago, colectivos y organizaciones sociales señalaron que los avances resultan insuficientes frente a la magnitud del daño ambiental y sanitario acumulado durante décadas. Consideraron que el momento actual es decisivo para atender los pendientes estructurales del problema, frenar a las fuentes contaminantes y garantizar a las comunidades el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
La problemática requiere una atención urgente, pues se recuerda que en los últimos 18 años el Comité de Defensa Ambiental de El Salto documentó el fallecimiento de al menos 3 mil 388 personas por enfermedades asociadas a la contaminación del río: 2 mil 503 por insuficiencia renal crónica, 421 por distintos tipos de cáncer y 174 tan solo durante 2025.
Una de las víctimas fue Miguel Ángel López Rocha, quien hoy sería un joven de 26 años, pero falleció intoxicado tras resbalar y caer al río mientras jugaba a las afueras de su casa, en la colonia La Azucena, en El Salto. A 18 años de su deceso, las organizaciones señalaron que la impunidad continúa y se agrava, que los procesos de industrialización crecen en la región y que los industriales son intocables.
Las organizaciones puntualizaron lo anterior en un pronunciamiento en el que presentaron un balance ciudadano del primer año del Programa Federal de Saneamiento y Restauración de la Cuenca Lerma–Santiago, del que reconocieron como avance la asignación de un presupuesto multianual para el periodo 2025–2030. Tan solo en 2025 se anunciaron 500 millones de pesos (mdp), de los cuales 408 mdp se ejercieron en infraestructura, restauración ecológica y control de descargas.
Para 2026 se prevé una inversión federal de mil 350 mdp y un total de 7 mil mdp hasta 2030. A nivel estatal, el gobierno de Jalisco contempla una inversión de 2 mil 295 mdp durante el sexenio.
Asimismo, destacaron que el saneamiento del río fue incorporado como una prioridad dentro del Plan Nacional Hídrico, con un mayor enfoque ambiental, una narrativa vinculada a los derechos humanos y una mejor coordinación entre autoridades federales y estatales, además de una mayor apertura al diálogo con comunidades y sectores académicos.
No obstante, el balance ciudadano advierte que el programa mantiene un enfoque predominantemente hidráulico, centrado en la construcción de plantas de tratamiento y colectores, sin que exista una regulación efectiva y estructural de las fuentes contaminantes.
Otro de los principales vacíos identificados es la ausencia de metas ambientales cuantificables. Las organizaciones señalaron que no existen indicadores públicos sobre la reducción de contaminantes, metales pesados, nitrógeno o fósforo, ni líneas base actualizadas posteriores a 2024.
También alertaron sobre la falta de un sistema de monitoreo continuo con datos abiertos, lo que limita la evaluación independiente y debilita la confianza ciudadana. A ello se suma la escasa vinculación del programa con estudios de salud pública y con un enfoque integral de derechos humanos pese a que la contaminación representa una emergencia sanitaria para miles de personas.
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