El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, debe ser un recordatorio incómodo y movilizador. Lejos de ser solo una fecha simbólica, es una radiografía de las fallas estructurales de nuestros gobiernos, instituciones y prácticas sociales.
En Jalisco, los datos permiten dimensionar esta emergencia. El Instituto de Información Estadística y Geográfica reportó en 2023 que más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años hemos vivido violencia en alguna de sus expresiones: psicológica, física, sexual o económica. Ese mismo año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 37 feminicidios, un incremento del 19 por ciento con respecto a 2022. La tendencia continúa: para 2025, según reportes estatales preliminares, Jalisco presenta un promedio de dos feminicidios por mes, una cifra que evidencia que la violencia feminicida no cede.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en 2018 representa un avance formal importante. El gobierno estatal sostiene que más de 40 dependencias participan en su plan operativo, que incluye 88 acciones vigentes desde 2018 hasta 2025. Asimismo, programas como Mujeres libres de violencia, incluidos en el Plan Estatal de Gobernanza 2021-2027, buscan articular esfuerzos institucionales. Sin embargo, el salto entre la arquitectura normativa y la realidad cotidiana sigue siendo enorme.
La complejidad actual también descansa en las nuevas formas de violencia. La violencia digital incremento entre 2020 y 2024, según diversas fiscalías estatales; la violencia política de género adquirió especial visibilidad durante los procesos electorales de 2021 y 2024; y la violencia vicaria se ha convertido en un patrón creciente de agresión. Estas modalidades, lejos de sustituir a la violencia tradicional, se suman a ella, generando un escenario todavía más amplio y difícil de enfrentar.
Frente a este panorama, no basta con conmemorar el 25N ni con repetir diagnósticos. Se requieren políticas públicas contundentes, medibles y sostenidas en el tiempo. La impunidad –que en delitos contra las mujeres rebasa el 90 por ciento a nivel nacional entre 2018 y 2024– sigue siendo el mayor motor de la violencia. En Jalisco, los casos de feminicidio que terminan con una sentencia condenatoria siguen siendo minoría.
En este sentido y aportando desde el ámbito académico, advertimos que se requiere implementar un modelo de seguimiento independiente con parámetros claros: reincidencia, órdenes de protección cumplidas, tiempo de respuesta institucional, satisfacción de las víctimas y eficacia procesal. En cuanto a la prevención es importante incluir asignaturas obligatorias en escuelas sobre igualdad, relaciones sanas, violencia digital y masculinidades no violentas.
Así como el fortalecimiento institucional en la profesionalización de unidades municipales de atención a mujeres con capacitación en criminología feminista, protocolos homologados y supervisión externa. Es urgente lanzar plataformas de denuncia y acompañamiento con estrictos estándares de privacidad y ciberseguridad, así como clarificar la tipificación del feminicidio, fortalecer medidas de protección y asegurar la reparación simbólica, psicológica y económica, así como crear mecanismos de gobernanza participativa, con las colectivas, expertas y academia evaluando mensualmente las políticas implementadas.
El 25N nos recuerda que, pese a algunos avances, la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta. Jalisco y México deben asumir que erradicarla no es un acto conmemorativo, sino un proceso profundo que exige voluntad política, recursos sostenidos y una transformación cultural de largo aliento.
*Doctora en derecho
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