La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), publicada el 24 de abril de 2026 por el Inegi, confirma una tendencia preocupante: aunque a nivel nacional 61.5 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad, en Jalisco –y particularmente en su zona metropolitana– la percepción alcanza niveles críticos que colocan a la entidad en una posición alarmante dentro del país. Lejos de ser un dato aislado, los resultados evidencian una crisis sostenida de inseguridad y desconfianza institucional.
El caso de Guadalajara es especialmente revelador. Con 90.2 por ciento de su población que reporta percepción de inseguridad, la ciudad se ubica entre las de mayor percepción a nivel nacional, solo por debajo de Irapuato, de acuerdo con los resultados más recientes de la Ensu. Este dato no solo refleja miedo, sino una ruptura profunda en la relación entre ciudadanía y autoridades. A ello se suma el deterioro acelerado en otros municipios metropolitanos: Zapopan alcanza 70.8 por ciento, Tlajomulco 70.4 por ciento, Tonalá 68.1 por ciento y Tlaquepaque 62.5 por ciento. Incluso destinos turísticos como Puerto Vallarta registran incrementos abruptos, pasando de 32 por ciento a 59.9 por ciento en apenas un trimestre.
Estas cifras no emergen en el vacío. La Ensu mide percepción, pero esta se construye sobre condiciones materiales: violencia persistente, delitos de alto impacto, fallas en la procuración de justicia y una débil capacidad institucional para garantizar seguridad cotidiana. La percepción, en este sentido, es un indicador sintético de múltiples fallas estructurales. No sorprende, por tanto, que la encuesta también refleje bajos niveles de confianza en policías municipales y estatales, una constante en el país.
Más aún, la Ensu se articula con otros instrumentos que han señalado consistentemente el deterioro de Jalisco. Índices de impunidad, encuestas de victimización y evaluaciones de desempeño institucional coinciden en ubicar al estado con serias deficiencias en investigación criminal, acceso a la justicia y control de la violencia. La convergencia de estas mediciones refuerza la validez de la Ensu como termómetro social: no mide delitos, pero sí sus efectos acumulados en la vida cotidiana.
El dato de percepción tiene, además, implicaciones que trascienden la seguridad. La Ensu es utilizada como referencia en análisis económicos, decisiones de inversión y evaluación de riesgos territoriales. En el municipio de Guadalajara, donde nueve de cada 10 personas se sienten inseguras, no solo se enfrenta un problema de orden público, sino un entorno adverso para el desarrollo. Esto considerando que cuenta con cerca de 2 mil policías, un presupuesto de seguridad superior a 2 mil 400 millones de pesos, patrullas y equipo renovado, además de mejoras salariales; sin embargo, persiste una alta percepción de inseguridad, lo que evidencia una brecha entre recursos y resultados.
Este punto adquiere especial relevancia ante la proximidad de eventos internacionales como la Copa Mundial de Futbol, que tendrá a Jalisco como una de sus sedes. La proyección global del estado contrasta con indicadores locales que advierten fragilidad institucional. La experiencia internacional muestra que la percepción de inseguridad puede afectar no solo la imagen, sino también la derrama económica de estos eventos.
En suma, la Ensu no debe leerse como una encuesta más, sino como un espejo incómodo. Jalisco enfrenta una crisis que no se reduce a cifras delictivas, sino que se expresa en la vida cotidiana de su población. Ignorar la dimensión perceptiva sería un error: en ella convergen la violencia real, la impunidad estructural y la desconfianza social. Atenderla exige algo más que estrategias de contención; requiere reconstruir capacidades institucionales, legitimidad pública y condiciones mínimas de seguridad para la vida urbana.
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