El Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (Cesma) de Jalisco tiene entre sus atribuciones elaborar y mantener actualizado el registro estatal de instituciones y establecimientos que ofrecen servicios de internamiento; expedir el alta del registro estatal de funcionamiento para las instituciones y establecimientos que cumplan con la normatividad aplicable, y supervisar y, en su caso, imponer las sanciones administrativas señaladas en la Ley Estatal de Salud Mental y Adicciones, y realizar las denuncias y señalamientos a las autoridades correspondientes.
En su web, con datos actualizados al 1 de julio de este año, su directorio de establecimientos especializados en adicciones con registro de funcionamiento 2026 solo tiene 152. La cifra representa apenas el diez por ciento de los mil 400 anexos identificados; es decir, que más de mil 200 operan al margen de la regulación sanitaria y administrativa. El problema es mayor porque operan anexos clandestinos fijos e itinerantes, donde priva la violencia, se cometen delitos y se ofrecen tratamientos empíricos no validados científicamente. Son un problema de salud pública y operación irregular. ¿Qué dicen el Cesma y la Fiscalía del Estado?
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Si alguien suponía que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco trabaja codo a codo con los colectivos de familias buscadoras, pues está equivocado. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco acusó a la comisión de negarle el acompañamiento para el procesamiento de un presunto crematorio clandestino de gran magnitud, con numerosos restos calcinados, que se ubica en Ayutla. Una vez más, son las familias y los colectivos quienes realizan el trabajo que le corresponde al Estado, denunció.
“Las Madres Buscadoras de Jalisco estamos desesperadas. No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación legal y humana. Ingresamos un oficio solicitando el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda y la respuesta fue negarnos el apoyo. Resulta inconcebible que la institución creada para atender a las víctimas y apoyar las labores de búsqueda hoy nos dé la espalda cuando más la necesitamos”. Buscar no debería ser una condena para las familias. Buscar es un derecho. Acompañar es una obligación del Estado, puntualizó. Ya estuvieran las autoridades prestas para apoyar.
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En defensa de Ernesto Ruffo Appel, quien fuera gobernador de Baja California y está preso acusado de operar una red de huachicol fiscal, se pronunciaron el ex presidente Vicente Fox y cuatro mandatarios estatales: de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Javier Ramírez Acuña, y de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez.
Al conformar un frente de defensa de quien fuera el primer miembro de la oposición en alcanzar una gubernatura, acusaron a Morena de promover una persecución política sin pruebas en contra de Ruffo Appel. Más tarde, la Fiscalía General de la República rechazó los señalamientos de un posible sesgo político y aseguró que el proceso está apegado a derecho. Por lo pronto, la acusación pega de rebote al nuevo partido Somos México, al que pertenece el acusado.
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Y a todo esto, ¿algún día comparecerá ante el Congreso del Estado el director general del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, para explicar, argumentar, ponderar, precisar, detallar y en general responder preguntas no solo del Legislativo, sino también de las familias afectadas por el agua contaminada?
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