En plena crisis por el agua puerca que está llegando a hogares, negocios y oficinas, y cuando integrantes de colectivos ciudadanos y académicos pretendían reunirse con funcionarios estatales para encontrar soluciones, ¿adivinen quién los dejó plantados? Pues, nada menos que el director de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), José Antonio Muñoz. Sí, quien tiene entre sus responsabilidades monitorear, levantar muestras y en sí vigilar la calidad del agua. ¿Le ordenaron que no acudiera a la reunión?, ¿la política es no dialogar con los inconformes ni conocer sus críticas?
Vecinos señalan que la información presentada por las autoridades sigue siendo insuficiente para conocer los riesgos reales a la salud que representa el agua tóxica que distribuye el Siapa. Demandan que se hagan públicos los resultados de los monitoreos que realiza la Coprisjal y se declare una alerta sanitaria.
Gracias a las recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco los ganones en la crisis son los negocios que purifican y venden agua en garrafón. En el área metropolitana tapatía existen alrededor de mil 500 establecimientos formales registrados... más los informales…
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La diputada panista Claudia Murguía considera que las familias afectadas por el agua sucia están gastando de 400 a mil 200 pesos por mes para comprar garrafones y filtros, y mejorar la calidad del líquido que reciben. Aclara que el Siapa y el gobierno estatal tienen que apoyar esos gastos, pues existe un fondo de contingencia y responsabilidad patrimonial por los daños que se está causando a hogares de Jalisco.
Los afectados tienen derecho a reclamar una compensación, indica. ¿Ajustará ese fondo para pagar a los miles de vecinos que reciben agua tóxica?
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Claudia Vargas, con días de estrenarse como presidenta interina y provisional de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), asegura que le tomó de sorpresa la renuncia el mes pasado de Paula Ramírez, pero destaca que la infraestructura y legislación del sistema nacional electoral permiten que la institución permanezca en funcionamiento, independientemente de las personas.
Lo dice cuando está cerca el arranque del proceso electoral, en octubre próximo. El instituto prepara el cumplimiento de lineamientos, el presupuesto de egresos, y una serie de acuerdos. Por lo pronto, se prevé que el Instituto Nacional Electoral designe una presidencia provisional y lance la convocatoria pública para buscar a la presidenta o presidente de los próximos siete años. Los tiempos corren. ¿Tendrá prisa el organismo electoral nacional?
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El acoso se define como cualquier conducta no deseada, sistemática y repetitiva, que busca incomodar, amedrentar, humillar, asustar o controlar a una persona, vulnerando su dignidad y afectando su integridad física o emocional. Además del acoso tradicional existe el ciberacoso o ‘cyberbullying’, que se realiza de manera deleznable vía medios digitales, como redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de videojuegos o teléfonos móviles. Dura las 24 horas y se expande rápidamente.
Resulta que Jalisco fue el año pasado segundo lugar nacional en ciberacoso, revela el Inegi. El 24.4 por ciento de la población mayor de 12 años de la entidad, usuaria de Internet, fue víctima, en especial las mujeres. La forma más recurrente es mediante mensajes ofensivos. Combatirlo combina la respuesta digital inmediata, el respaldo legal, el apoyo psicológico y la prevención e-du-ca-ti-va.
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