En Jalisco, la mayoría de los centros de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción opera sin supervisión oficial. De los cerca de mil 400 anexos identificados en el estado, apenas entre 177 y 180 cuentan con permisos para funcionar, lo que significa que más de mil 200 trabajan al margen de la regulación sanitaria y administrativa.

Las cifras, dadas a conocer por autoridades estatales, evidencian un crecimiento acelerado de estos establecimientos durante los últimos años, muchos de ellos abiertos con el respaldo de una cédula profesional médica, pero sin reunir las condiciones necesarias para brindar un tratamiento especializado en materia de adicciones.

El titular de la Fiscalía del Estado (FE), Salvador González de los Santos, ha señalado que los operativos emprendidos por la dependencia en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) buscan no solo verificar las condiciones sanitarias de los inmuebles, sino también detectar posibles delitos y localizar personas con denuncias de desaparición.

Durante los primeros 19 meses de la actual administración estatal, la Fiscalía y la Coprisjal realizaron más de 200 operativos en centros de rehabilitación ubicados en al menos 21 municipios, entre ellos Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Zapotlanejo. Tan solo durante 2026 la Fiscalía ha intervenido 102 establecimientos.

Como resultado de estas acciones 265 personas fueron entregadas a sus familiares por distintos motivos, ocho anexos fueron clausurados por incumplir la normatividad vigente y otros cuatro quedaron asegurados por encontrarse relacionados con investigaciones penales.

Además, tres personas fueron detenidas al contar con órdenes de aprehensión vigentes y otras seis fueron arrestadas por su probable participación en diversos delitos.

PERSONAS DESAPARECIDAS

Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la localización de personas con denuncias de desaparición dentro de estos centros.

La FE informó que durante 2026 han sido encontradas nueve personas que contaban con reportes de desaparición, lo que permitió su localización y posterior reunificación con sus familias.

Uno de los casos ocurrió en abril durante un cateo realizado en un centro de rehabilitación ubicado en San Nicolás de Ibarra, en Chapala. En ese operativo se revisó la situación de 31 internos y fue localizado un hombre que tenía una denuncia vigente por desaparición.

En febrero otro operativo en un anexo de Ixtlahuacán de los Membrillos derivó en la imputación de Alberto Manuel, señalado como encargado del establecimiento, por el delito de desaparición cometida por particulares. En ese lugar fueron encontrados cinco hombres, cuatro de ellos con denuncias activas por desaparición y uno que dijo estar privado de la libertad en ese sitio.

Además, las investigaciones también han derivado en el aseguramiento de inmuebles por la probable comisión de delitos.

En uno de los centros inspeccionados durante este año la Fiscalía aseguró el inmueble al detectar posibles actos relacionados con privación ilegal de la libertad.

A ello se suman las condiciones detectadas por autoridades municipales en algunos establecimientos clandestinos, donde se documentó sobrecupo, insuficiencia de camas, baños y regaderas, falta de permisos de funcionamiento y presencia de fauna nociva.

Las inspecciones también han permitido cumplimentar órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, lesiones, robo, fraude, violación y homicidio en grado de tentativa, señaló la Fiscalía Estatal.

En algunos centros ha habido hasta homicidios

La falta de supervisión también ha derivado en investigaciones por homicidio en anexos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el Centro de Rehabilitación Los Volcanes, en Zapotlán el Grande, donde un interno falleció presuntamente después de ser sometido a un castigo conocido como “bote chilero”.

De acuerdo con la Fiscalía Estatal, la víctima, que había ingresado para recibir tratamiento por problemas relacionados con el consumo de alcohol, presentó fracturas en las costillas, colapso pulmonar y asfixia mecánica por compresión de tórax, según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas, quienes enfrentan un proceso penal por homicidio doloso.

Además de las investigaciones oficiales, colectivos de búsqueda han advertido posibles irregularidades en algunos centros de rehabilitación.

Por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció públicamente presuntas privaciones ilegales de la libertad en un centro ubicado en Puerto Vallarta, donde, según la organización, personas eran ingresadas sin su consentimiento mediante las llamadas “patrullas espirituales”. David González Jáuregui 

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