Hay hechos que obligan a abandonar la comodidad del análisis distante y la neutralidad académica. La desaparición de tres estudiantes del CECYTEJ en Puerto Vallarta mientras esperaban el transporte para asistir a una ceremonia de graduación no constituye únicamente un delito de alto impacto. Es la expresión más dolorosa de una crisis estructural de derechos humanos en la que la escuela ha dejado de ser un espacio protegido y el trayecto cotidiano se ha convertido, de forma sistemática, en un territorio de riesgo latente.
Este caso no puede analizarse como un episodio aislado o un golpe de mala fortuna. México supera la cifra de más de 135 mil casos. Es un acumulado histórico oficial que abarca desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el presente año (2026) y el estado de Jalisco concentra de manera alarmante el mayor número de registros del país, una realidad que evidencia la persistencia de una crisis humanitaria y de seguridad que trasciende administraciones gubernamentales y colores partidistas.
Diversos análisis y diagnósticos muestran que la mayoría de las víctimas en el país son personas jóvenes, particularmente en el rango que va de los 15 a los 34 años, lo que convierte a las juventudes en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad frente a la violencia y la desaparición forzada.
Desde una lectura con perspectiva de género permite advertir diferencias sustanciales entre las experiencias de desaparición de hombres y mujeres. Aunque estadísticamente desaparecen más varones, las niñas y adolescentes enfrentan riesgos específicos asociados con la violencia sexual, la trata de personas, la explotación laboral y otras formas brutales de violencia basada en género.
Organismos nacionales e internacionales han documentado que la edad de mayor incidencia en desapariciones de mujeres se concentra entre los 15 y 19 años, precisamente el rango de edad de una de las estudiantes desaparecidas y cercano al de la otra.
La perspectiva feminista no consiste en establecer jerarquías del dolor ni en restarle valor a una vida sobre otra. La desaparición de un hombre merece la misma urgencia institucional y movilización social que la de dos mujeres. La diferencia radica en reconocer que las mujeres desaparecidas enfrentan amenazas diferenciadas y que, por tanto, las estrategias de búsqueda e investigación criminal también deben incorporar hipótesis relacionadas con violencia sexual y desaparición por razones de género, tal como establecen los estándares internacionales.
La respuesta institucional no puede limitarse a emitir fichas de búsqueda en redes sociales. La obligación del Estado comprende prevenir, buscar de manera inmediata, investigar con debida diligencia, sancionar a las personas responsables y garantizar verdad y reparación integral para las familias. Cada hora transcurrida sin resultados profundiza el sufrimiento y disminuye las posibilidades de localización con vida, una cuenta regresiva que las autoridades parecen ignorar.
La desaparición de estas y este estudiante interpela de manera directa a toda la sociedad. No solo porque formen parte de la juventud o porque se dirigieran a una ceremonia escolar, sino porque ninguna persona debería desaparecer mientras ejerce un derecho tan elemental y transformador como acudir a la escuela. La exigencia ciudadana no admite matices ni dilaciones: búsqueda inmediata, investigaciones rigurosas libres de prejuicios, perspectiva de género donde corresponda y una política pública de seguridad que sea capaz de garantizar que estudiar nunca más vuelva a convertirse en un acto de valentía o de riesgo mortal.
*Doctora en Derecho
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