Infraestructura insuficiente, baja cobertura, escasa aceptación ciudadana, falta de indicadores que acrediten mejoras en la calidad del aire y una estrategia poco articulada entre las dependencias responsables conforman el diagnóstico que especialistas hicieron sobre el Programa de Verificación Responsable (PVR). Ayer, durante la quinta mesa de análisis de la comisión especial sobre el PVR establecida en el Congreso local, coincidieron en que la estrategia requiere un rediseño integral que privilegie la evidencia científica, la transparencia y los resultados en salud pública sobre el simple cumplimiento administrativo.
Hermes Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que aunque durante 2025 se realizaron alrededor de 1.15 millones de verificaciones, esa cifra representa apenas poco más del 27 por ciento del parque vehicular estatal, integrado por aproximadamente 5 millones de unidades, una cobertura que consideró insuficiente para alcanzar los objetivos ambientales planteados.
Señaló además que la infraestructura del PVR es insuficiente y concentrada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo que limita la cobertura del programa. Además, afirmó que la ciudadanía lo percibe como un trámite recaudatorio y cuestionó la falta de transparencia sobre el uso de los recursos y de indicadores que acrediten mejoras en la calidad del aire y la salud pública.
Como parte de sus propuestas planteó ampliar la red de verificentros mediante unidades móviles y centros regionales, simplificar los trámites, transparentar el uso de los recursos, establecer incentivos para fomentar el cumplimiento voluntario y evaluar el programa con base en indicadores ambientales y sanitarios, más allá del número de vehículos inspeccionados.
Por su parte, René Augusto Solinis Loyola, académico en retiro de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), sostuvo que la contaminación del aire está vinculada al aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, por lo que la verificación debe evaluarse por su impacto en la salud pública.
Además, advirtió que el programa carece de una estrategia coordinada entre las dependencias responsables de medio ambiente, salud, movilidad y hacienda.
Entre sus propuestas destacó la necesidad de fortalecer el transporte público, ampliar la red de monitoreo atmosférico, incorporar progresivamente a motocicletas y flotillas de alto kilometraje al esquema de verificación, exigir el cumplimiento a vehículos oficiales y desarrollar modelos científicos que permitan medir el impacto real de las políticas ambientales sobre la calidad del aire y la salud de la población.
El especialista también llamó a dejar de evaluar al PVR únicamente por el número de vehículos inspeccionados y comenzar a medirla por indicadores como la reducción de emisiones contaminantes, la mejora en la calidad del aire y la disminución de enfermedades respiratorias.
Los especialistas coincidieron en que el PVR debe fortalecerse, no eliminarse. Para ello propusieron ampliar la infraestructura, mejorar la comunicación con la ciudadanía, incorporar nuevas tecnologías para el monitoreo ambiental, transparentar los resultados y articular el programa con una estrategia integral de movilidad, salud pública y calidad del aire.
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