Las diputadas Tonatzin Cárdenas, Candelaria Ochoa, Itzul Barrera y el legislador Leonardo Almaguer presentaron una iniciativa para transformar de fondo el sistema de transporte público en el estado, buscando que sea operado directamente por el gobierno y deje de depender de concesiones privadas.

La iniciativa propone que el transporte público deje de concebirse como un negocio y pase a ser un servicio público integral. Para ello, contempla detener nuevas concesiones a empresas privadas, recuperar de forma progresiva las rutas conforme concluyan los contratos vigentes y crear un organismo público descentralizado que se encargue de planear, operar y administrar el sistema.

Este organismo tendría la responsabilidad de definir rutas, frecuencias y cobertura con base en criterios técnicos y necesidades sociales, y no en la rentabilidad.

Otro de los puntos clave es la modificación del esquema tarifario. La propuesta busca que el costo del pasaje deje de fijarse en función de intereses empresariales y responda al interés público.

Además, se plantea reconfigurar el comité técnico tarifario para incluir a personas usuarias y especialistas, eliminando la participación directa de concesionarios.

De acuerdo con lo expuesto, la iniciativa impactaría a más de 2 millones de personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde una gran proporción depende exclusivamente del transporte público para trasladarse a sus actividades diarias.

El proyecto también contempla la modernización de la flotilla con unidades híbridas o eléctricas, con el fin de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Asimismo, incluye la ampliación de cobertura en zonas periféricas y la implementación de transporte nocturno, para garantizar movilidad durante las 24 horas.

En términos financieros, se estima una inversión inicial de alrededor de doce mil millones de pesos para la adquisición de aproximadamente cinco mil unidades, distribuidas en un periodo de cuatro años.

Los legisladores señalaron que la transición hacia este nuevo modelo sería progresiva, respetando los contratos vigentes y buscando mecanismos para integrar a los actuales concesionarios.

Además, plantearon redirigir los subsidios actuales hacia la inversión directa en infraestructura pública, en lugar de destinarlos a operadores privados.

GR