El abogado y exsenador de la República, Roberto Gil Zuarth, afirmó que la intención de Morena de promover un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, responde a una estrategia política para desviar la atención del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios acusados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Gil Zuarth sostuvo que el caso de Chihuahua surgió tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, operativo en el que participaron agentes extranjeros.
Señaló que, desde el inicio, el gobierno estatal colaboró con las investigaciones y asumió responsabilidades políticas mediante la separación de funcionarios involucrados.
El exlegislador consideró que el juicio político promovido contra Campos carece de sustento jurídico y tiene un trasfondo electoral ante el próximo proceso de renovación de autoridades en Chihuahua. Además, argumentó que el Congreso de la Unión no puede utilizar sus mayorías para destituir a un gobernador por razones políticas.
Gil Zuarth contrastó la actuación del gobierno de Chihuahua con el caso de Sinaloa, donde, aseguró, no existen investigaciones abiertas contra Rocha Moya pese a las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
El exsenador señaló que las autoridades de Estados Unidos endurecieron su postura frente al crimen organizado transnacional y advirtió que la estrategia no depende únicamente de la administración del presidente Donald Trump, sino de una política estructural de seguridad nacional impulsada por agencias de justicia e inteligencia estadounidenses.
Según explicó, documentos recientes de seguridad y combate al narcotráfico emitidos en Estados Unidos consideran a los cárteles mexicanos como amenazas a la seguridad nacional y plantean el desmantelamiento tanto de sus estructuras criminales como de sus redes de protección política y financiera.
Gil Zuarth agregó que, mientras México no actúe contra dichas estructuras, Washington podría recurrir a mecanismos diplomáticos, legales y jurisdiccionales para actuar contra funcionarios y redes vinculadas al narcotráfico.
Finalmente, el abogado sostuvo que el caso de Rocha Moya representa, la punta del iceberg de la política de seguridad implementada en los últimos años y advirtió que las investigaciones estadounidenses podrían seguir escalando conforme avancen los procesos judiciales.
GR
