Empresarios operadores de centros de verificación advirtieron en el Congreso de Jalisco que el Programa de Verificación Responsable (PVR) “no ha fracasado por el modelo, sino por la falta de aplicación obligatoria”. Frente a este panorama, plantearon retomar multas y restricciones para automovilistas incumplidos, pues afirmaron que varios verificentros están al borde del colapso económico; además, insistieron que sin sanciones el sistema difícilmente alcanzará resultados ambientales reales.
Durante una mesa de trabajo realizada en la Comisión Especial para el Estudio y Análisis del PVR del Congreso local, concesionarios de la estrategia estatal defendieron el funcionamiento técnico del esquema implementado en Jalisco y atribuyeron la baja participación ciudadana a la falta de mecanismos coercitivos que obliguen a los automovilistas a cumplir con el trámite. Desde el año pasado el costo de la verificación va incluido en el pago del refrendo y en 2026 es de mil pesos.
Entre los empresarios asistentes, incluido el secretario de la Unión de Centros de Verificación, Andrés Mora Vázquez, se aseguró que desde la eliminación de sanciones y restricciones administrativas para quienes no verifican, los centros comenzaron a operar con pérdidas económicas, situación que, advirtieron, ya provocó dificultades financieras en distintos verificentros del estado.
De acuerdo con los operadores, el PVR fue diseñado bajo una lógica de cumplimiento obligatorio y no voluntario, por lo que sostuvieron que la ausencia de consecuencias para quienes incumplen terminó debilitando tanto la viabilidad económica del sistema como sus objetivos ambientales. En el portal del PVR se precisa que este año “por el momento no habrá operativos específicos para inspeccionar la verificación vehicular. Recuerde que una mejor calidad del aire es una corresponsabilidad ciudadana”.
Entre las medidas planteadas durante la reunión se encuentra el restablecimiento de multas, restricciones para realizar trámites vehiculares y otros mecanismos administrativos que incentiven el cumplimiento de la verificación responsable.
Los concesionarios insistieron en que el modelo implementado en Jalisco sí puede contribuir a mejorar la calidad del aire, pero señalaron que los resultados ambientales quedan limitados mientras gran parte del parque vehicular permanezca fuera del programa.
En cuanto a un posible cierre de verificentros por la crisis que enfrentan, indicaron que afectaría inversiones privadas, empleos y la cobertura del sistema en distintas regiones del estado, por lo que pidieron a diputados y autoridades estatales revisar ajustes normativos que permitan recuperar la operación obligatoria del programa.
Desde la comisión legislativa especial se informó que continuará recibiendo opiniones de colectivos ambientalistas, autoridades estatales y especialistas en torno al PVR antes de emitir conclusiones sobre posibles modificaciones a la estrategia de verificación vehicular en Jalisco.
Durante el primer trimestre se realizaron 230 mil pruebas
A inicios de abril la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que en el primer trimestre de este año se aplicaron 230 mil 502 pruebas del Programa Verificación Responsable (PVR), lo que según la dependencia representó un alza de 36 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.
“El resultado refleja un mayor avance en la implementación del programa y la participación de la ciudadanía, ya que la aprobación de la verificación depende de que los vehículos se encuentren en buenas condiciones, sin importar el año o el modelo, ya que automóviles de la década de 1960 han aprobado las pruebas”, detalló entonces en un comunicado.
La Semadet añadió que hay vehículos con más de 30, 40 e incluso 50 años que han pasado la prueba, entre ellos un Pontiac Firebird modelo 1971. Redacción
jl/I
