La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, advirtió que uno de los principales retos en materia de derechos humanos durante la Copa Mundial de Futbol de 2026 será garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.
Señaló que, aunque eventos de esta magnitud representan una oportunidad para promover actividades recreativas y deportivas, los gobiernos que aceptan ser sede también asumen la responsabilidad de proteger otros derechos fundamentales de la población.
Explicó que, de manera recurrente, los mundiales de futbol se convierten en plataformas de visibilidad para distintos movimientos sociales que buscan llamar la atención de la comunidad internacional sobre problemáticas locales. En el caso de México, destacó que colectivos de familiares de personas desaparecidas ya han comenzado a utilizar el escaparate que ofrece el torneo para denunciar las crisis que enfrenta el país.
La representante de Amnistía Internacional hizo un llamado especial al Gobierno de Jalisco para garantizar el derecho a la protesta y evitar prácticas que puedan derivar en represión, criminalización o limitaciones indebidas a las manifestaciones.
Olivares también señaló que la FIFA tiene responsabilidades en materia de derechos humanos y recordó que la organización ha cuestionado en el pasado la realización de eventos deportivos en países donde existen antecedentes de violaciones a derechos fundamentales, como el mundial pasado en Qatar, donde se puso en riesgo a las comunidades de la diversidad sexual.
Asimismo, adelantó que Amnistía Internacional realizará labores de monitoreo durante los partidos que se celebren en Jalisco y otras sedes mexicanas para documentar posibles afectaciones a los derechos de manifestantes, colectivos de búsqueda y otros grupos sociales.
Finalmente, la activista expresó preocupación por intentos de retirar fichas de búsqueda de personas desaparecidas en espacios públicos. Consideró que estas acciones no resuelven la problemática de fondo y recordó que México registra más de 134 mil personas desaparecidas o no localizadas, una crisis que, afirmó, continúa siendo enfrentada principalmente por las propias familias de las víctimas.
GR
