Luego de presentar un oficio ante DIF Jalisco para pedir que se gestionara una revisión financiera, operativa y de derechos humanos sobre los Centros de Autismo, colectivos recibieron como respuesta que el organismo estatal no puede promoverla debido a que los centros son administrados por los municipios.
Cinthia Ramírez, representante del Colectivo Nacional de Cuidadoras en Resistencia, explicó que la petición nunca buscó que DIF Jalisco realizara directamente la auditoría, sino que facilitara su gestión ante las instancias competentes.
Detalló que durante una reunión inicial con autoridades del DIF estatal la propuesta fue recibida favorablemente; sin embargo, al día siguiente, en una mesa de trabajo con legisladoras locales, personal de la dependencia les informó que la estructura administrativa impedía impulsar dicho proceso de revisión.
Ante ello, las organizaciones comenzaron a buscar respaldo en el Congreso del Estado para que legisladores promuevan mecanismos de rendición de cuentas, comparecencias y solicitudes formales de auditoría sobre la operación de los centros y el uso de recursos públicos destinados a la atención de personas autistas.
Ramírez señaló que la principal preocupación es la falta de información pública sobre la construcción, funcionamiento y resultados de los centros. Entre las dudas planteadas se encuentran los criterios utilizados para asignar contratos de construcción, el incremento de costos en algunos proyectos y la proporción entre la inversión realizada y el número de personas efectivamente atendidas.
Como ejemplo, mencionó que mediante solicitudes de información obtuvieron datos que indicaban que el Centro de Autismo de Zapopan atendía alrededor de 90 niñas y niños por año, mientras más de mil 600 permanecían en lista de espera.
Explicó que en algunos municipios las personas usuarias sólo pueden acceder una vez a los servicios y, tras concluir su proceso, ya no pueden reincorporarse al programa, independientemente de sus necesidades futuras de apoyo.
Advirtieron que existe resistencia política debido a que la política de Centros de Autismo se ha convertido en una de las principales apuestas del gobierno estatal en materia de discapacidad.
Por ello, insistieron en la necesidad de una evaluación independiente que permita conocer el destino de los recursos públicos, las condiciones laborales del personal especializado, los criterios de acceso y la efectividad real de los servicios que reciben las personas autistas y sus familias.
CES
