Integrantes de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos criticaron la falta de diálogo del gobierno estatal sobre el futuro del Programa de Verificación Responsable (PVR) y cuestionaron los trabajos de análisis que actualmente se realizan al respecto en el Congreso local. Como alternativa plantearon la suspensión del PVR. 

Señalaron que la última reunión formal con autoridades estatales se realizó hace aproximadamente 15 meses, cuando se planteó la instalación de mesas de trabajo para revisar el programa y evaluar posibles modificaciones.

Entre las propuestas discutidas entonces figuraba la incorporación de talleres mecánicos al esquema de verificación. 

Los activistas sostuvieron además que el programa registra bajos niveles de cumplimiento y afirmaron que los resultados obtenidos hasta ahora muestran limitaciones para alcanzar sus objetivos ambientales.

Por ello propusieron como alternativa suspender temporalmente el programa para realizar una revisión integral y rediseñarlo bajo operación directa del gobierno estatal.

Entre las medidas planteadas destacan la creación de centros de verificación administrados por el estado y la gratuidad del servicio para los automovilistas; según su propuesta, se financiaría con recursos provenientes de otros conceptos.

Asimismo, cuestionaron el modelo de operación actual y señalaron que los centros de verificación enfrentan dificultades económicas debido a la baja participación ciudadana.

También manifestaron preocupación por la aplicación futura de sanciones relacionadas con la verificación, una vez concluidos los esquemas de apoyo vinculados al reemplacamiento.

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