Tras la cancelación del proyecto del rastro municipal bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP), el Ayuntamiento de Tonalá no cuenta hasta el momento con un plan específico para la aplicación de los 35 millones de pesos presupuestados, mientras que la reasignación de recursos no ha sido formalizada al faltar la aprobación del Cabildo. 

El alcalde Sergio Chávez admitió que actualmente no existe un plan definido para sustituir el esquema de Asociación Público-Privada (APP) que impulsaba su administración. Cuestionado sobre las opciones para resolver la necesidad de un nuevo rastro, respondió que el municipio enfrenta un problema que deberá abordarse de manera conjunta con el Congreso y los sectores productivos relacionados.

Respecto a los 35 mdp considerados para el proyecto, Chávez señaló que podrían orientarse a otras necesidades municipales, entre ellas la conclusión de obras en el Hospitalito de Tonalá, la creación de un centro para atención de menores con autismo o diversas acciones de infraestructura. Sin embargo, aclaró que la reasignación aún no ha sido aprobada y deberá discutirse en una próxima sesión de Cabildo.

El alcalde también informó que acudió de manera voluntaria a la Fiscalía Anticorrupción para presentar documentación relacionada con el proyecto del rastro, luego de los señalamientos públicos surgidos en torno a un posible conflicto de interés.

Aseguró haber entregado ocho pruebas documentales con las que busca acreditar que no existe irregularidad alguna en el procedimiento y sostuvo que ningún integrante de su familia ha participado en el proyecto ni en decisiones vinculadas a la APP.

Según explicó, los documentos muestran que sus familiares dejaron de formar parte de la empresa señalada desde 2014, es decir, más de una década antes de que se planteara el esquema para la construcción del nuevo rastro.

En la misma rueda de prensa, Tonatiuh Bravo, coordinador de Hagamos, sostuvo que el proyecto aún se encontraba en una etapa preliminar del procedimiento legal para una APP y recordó que, además de la aprobación del Congreso, requería una licitación pública y registros ante autoridades hacendarias estatales y federales. 

Afirmó que el análisis legislativo se ha realizado de manera técnica y dentro del marco legal, por lo que rechazó que existieran omisiones o bloqueos por parte del Poder Legislativo. 

Chávez insistió en que el proceso ni siquiera alcanzó la etapa de licitación pública, por lo que rechazó que se hubiera otorgado alguna concesión o beneficio a particulares. 

Asimismo, afirmó que la propuesta aún debía

GR