El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un acuerdo en el que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga para cumplir con la sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad 72/2022, referente a permitir que las infancias trans puedan cambiar su acta de nacimiento para que coincida con su identidad de género, tema que el Legislativo rechazó.
En el acuerdo avalado este miércoles el Legislativo también pide una audiencia para aclarar cómo debe aplicarse la resolución.
La acción de inconstitucionalidad 72/2022 fue resuelta por la SCJN luego de una impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La Corte eliminó una parte de la Ley del Registro Civil de Jalisco que impedía a niñas, niños y adolescentes trans cambiar su acta de nacimiento para que coincidiera con su identidad de género.
El tribunal determinó que esa restricción no era válida porque viola derechos como la identidad de género, el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación. También ordenó al Congreso local crear un trámite claro, rápido y accesible para que las y los menores puedan hacer esta corrección con acompañamiento adecuado.
No obstante, el Congreso local rechazó lo determinado por la Corte a fines de enero de 2026, por lo que la SCJN dio al Congreso un plazo de cinco días hábiles para informar sobre los avances en el cumplimiento del fallo. En respuesta, el Legislativo avaló este miércoles el acuerdo referido.
Aunque la Corte ya emitió su decisión, el Congreso de Jalisco ha discutido el tema en varias ocasiones sin lograr acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. En el acuerdo actual se reconoce que existe un dictamen sobre el tema, pero se considera que no cumple completamente con lo que ordenó la SCJN.
Por esta razón los legisladores consideran necesario pedir más tiempo y abrir un diálogo directo con la Corte para aclarar cómo debe cumplirse la sentencia.
El acuerdo establece tres puntos principales: pedir una prórroga a la SCJN, solicitar una audiencia para aclarar la sentencia y ordenar a la Secretaría General del Congreso realizar los trámites necesarios.
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