La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen de reforma a la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios que busca corregir vacíos legales derivados de la creación de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) en 2018. La propuesta, impulsada por la bancada de Hagamos, plantea una redistribución de facultades entre la Secretaría y la Comisión Estatal del Agua (CEA), además de modificar la integración de los órganos de gobierno del sector hídrico.
El dictamen señala que, aunque la SGIA fue creada como autoridad rectora de la política hídrica estatal, la legislación no había sido armonizada para reconocer formalmente sus facultades, lo que generaba incertidumbre jurídica y duplicidad de funciones.
Entre los cambios destaca una división más clara de responsabilidades. La SGIA se consolida como instancia rectora encargada de definir, coordinar y evaluar la política hídrica estatal, así como emitir lineamientos y validar procesos relacionados con infraestructura hidráulica.
La Comisión Estatal del Agua quedará como organismo técnico y operativo, responsable de ejecutar acciones y proyectos conforme a las directrices establecidas por la Secretaría y colaborar en la administración de las aguas estatales.
La reforma también incorpora formalmente al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley dentro de su ámbito de competencia.
Uno de los temas más discutidos fue la integración de la Junta de Gobierno de la CEA. Aunque la iniciativa proponía aumentar de dos a cuatro los representantes municipales, la comisión legislativa decidió mantener el esquema vigente.
Los diputados argumentaron que la Ley de Entidades Paraestatales exige que el Estado conserve la mayoría absoluta en estos órganos. Sin embargo, sí aprobaron incorporar a la persona titular del SIAPA como integrante con voz y voto.
En el aspecto jurídico, la reforma busca armonizar la Ley del Agua con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. También aclara que ni la Secretaría ni la Comisión tienen facultades sancionadoras directas en materia ambiental, sino que colaboran con las autoridades competentes.
El dictamen señala que la reforma no implicará gastos adicionales inmediatos, ya que no crea nuevas estructuras administrativas y únicamente formaliza funciones que ya se ejercen.
CES
