La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que presentó un reclamo formal al Gobierno de Estados Unidos por la difusión pública de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, al considerar que esa acción podía afectar los procedimientos de extradición solicitados por autoridades estadounidenses.
La dependencia dio a conocer tres documentos relacionados con el caso, entre ellos un oficio de extrañamiento enviado a la Embajada de Estados Unidos en México, un documento con líneas discursivas para las embajadas mexicanas y una tarjeta informativa sobre las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
En el oficio, fechado el 30 de abril de 2026, la SRE manifestó su preocupación por la publicación de los nombres y cargos de las personas incluidas en las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Según la Cancillería, la información difundida formaba parte de una investigación penal en curso y su divulgación podía comprometer tanto el éxito de los procedimientos de extradición como el derecho al debido proceso de las personas reclamadas.
Además, señaló que las propias autoridades estadounidenses habían solicitado previamente mantener la confidencialidad de la información relacionada con las solicitudes de extradición, por lo que pidió al Departamento de Justicia reforzar ese compromiso con sus fiscales.
Como parte de la documentación difundida, la SRE también elaboró un argumentario dirigido a las embajadas mexicanas para fijar la postura del Gobierno federal, basada en la defensa de la soberanía, el respeto al debido proceso y la cooperación con Estados Unidos dentro del marco legal.
El documento retoma declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero insistió en que cualquier actuación debe sustentarse en pruebas y respetar la legislación mexicana.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA señalan a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos relacionados con el tráfico de drogas, armas y supuesta intervención del grupo criminal en el proceso electoral de 2021.
Entre los señalados también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal con licencia Dámaso Castro Saavedra; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, así como otros exmandos de corporaciones de seguridad estatales y municipales.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes que respalden las acusaciones formuladas y precisó que las investigaciones abiertas en México se limitan exclusivamente a los delitos señalados en la solicitud de extradición.
La FGR añadió que el procedimiento corresponde a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, por lo que las autoridades estadounidenses deberán justificar el carácter urgente de esa petición conforme a la Ley de Extradición Internacional.
GR
