La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Brenda Carrera García presentó una iniciativa para reformar el artículo 251 del Código Urbano del Estado de Jalisco con el propósito de impedir que se autoricen desarrollos urbanos en predios que hayan sido incendiados de manera intencional y solicitó que el terreno donde se proyecta el desarrollo inmobiliario Santa Anita Hills, también conocido como Bosque Alto, sea declarado zona de recuperación ambiental.

En rueda de prensa, la legisladora sostuvo que el proyecto contempla la urbanización de un predio de 60 hectáreas ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la zona de transición del bosque La Primavera, por lo que consideró que su ejecución pondría en riesgo servicios ambientales esenciales para la región.

Carrera García afirmó que el terreno alberga alrededor de 20 mil árboles, principalmente encinos, cuya función es favorecer la captación de agua, la recarga de mantos acuíferos, la conservación del suelo y la generación de oxígeno. Aunque el predio se encuentra fuera del polígono oficial del área natural protegida, señaló que forma parte del mismo ecosistema.

Asimismo, aseguró que el expediente del proyecto presenta presuntas irregularidades; por ejemplo, fue iniciado en 1999 sin acreditar la propiedad total del terreno y, además, registró un incendio forestal, por lo que, dijo, la legislación vigente impide modificar el uso de suelo durante un periodo de 20 años.

La diputada también argumentó que existen dictámenes técnicos que consideran inviable el desarrollo debido a las condiciones del terreno, entre ellas pendientes superiores a 30 grados y su ubicación en una zona sísmica, factores que, afirmó, incrementan el riesgo de deslaves y derrumbes.

En materia hídrica, advirtió que la urbanización incrementaría hasta 147 por ciento el escurrimiento superficial, lo que podría agravar las inundaciones en las zonas bajas de Tlajomulco. En ese sentido, añadió que el municipio enfrenta problemas de abastecimiento de agua y que, según los estudios citados por su equipo, en la zona se ha detectado la presencia de nitratos, arsénico y metales pesados.

Además, indicó que las autorizaciones otorgadas al proyecto presuntamente no consideraron recomendaciones de Protección Civil ni opiniones de la Comisión Estatal Forestal, además de que, aseguró, no se evaluó el impacto acumulativo en materia ambiental ni el incremento estimado de más de tres mil vehículos en la zona.

Como parte de su propuesta, Brenda Carrera pidió que el Congreso del Estado apruebe una declaratoria de recuperación ambiental para el predio, figura que, explicó, permitiría conservar los servicios ecosistémicos sin afectar la propiedad privada.

jl/I