Organizaciones ciudadanas, investigadores de la Universidad de Guadalajara y representantes vecinales presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para solicitar el inicio de una investigación por presuntos actos de corrupción, omisiones administrativas y posible desvío de recursos en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Sostuvieron que la denuncia no responde únicamente a las quejas por la calidad del agua que reciben habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, sino a un análisis de auditorías, informes oficiales, estudios académicos e investigaciones periodísticas que, afirmaron, documentan irregularidades recurrentes desde 2014.
Como principal elemento probatorio entregaron un expediente que sistematiza auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además del informe ciudadano “Agua Peligrosa del Siapa”, un análisis comunitario sobre la calidad del agua, así como más de mil firmas de respaldo.
A través de la investigación de la Universidad de Guadalajara señalaron que el caso involucra posibles afectaciones a derechos humanos como el acceso al agua, la salud, el medio ambiente sano, la información y la transparencia.
Los denunciantes afirmaron que entre los principales hallazgos mencionaron irregularidades en la recuperación de cartera vencida, rezagos en los procesos de fiscalización, deficiencias en obras públicas, contratación de deuda sin fortalecer los mecanismos de control y observaciones sobre programas de infraestructura y esquemas de cobranza.
Respecto a la cartera vencida, señalaron que distintas auditorías documentaron observaciones por cientos de millones de pesos relacionados con adeudos no recuperados y cuentas por cobrar sin soporte documental suficiente, lo que, dijeron, compromete la confiabilidad de los estados financieros del organismo.
También sostuvieron que las auditorías detectaron diferencias entre obras pagadas y ejecutadas, materiales de menor calidad, retrasos y fallas en la supervisión de contratos, situaciones que, afirmaron, repercuten directamente en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
En la denuncia solicitaron a la Fiscalía integrar una carpeta de investigación para determinar posibles responsabilidades por actos de corrupción, ejercicio indebido del servicio público, desvío de recursos y otras conductas que pudieran constituir delitos.
Además, pidieron que se promueva una auditoría especial e integral al Siapa, se dé vista a la Contraloría del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud, y se conforme un mecanismo de vigilancia con participación ciudadana y académica.
Entre las medidas planteadas también solicitaron que, mientras se desarrollan las investigaciones, el Congreso del Estado valore condicionar la autorización de nuevos recursos extraordinarios al organismo hasta que se aclaren las observaciones pendientes y se determinen las responsabilidades correspondientes.
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