La diputada federal de Morena, Giselle Arellano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 282 del Código Penal Federal con el objetivo de ampliar el delito de amenazas e incluir aquellas realizadas por medios digitales, electrónicos y otras formas de comunicación contemporáneas.

De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, la propuesta plantea sancionar a quien amenace a otra persona por cualquier medio —directo, indirecto, verbal, escrito, simbólico, digital o electrónico— con la finalidad de causarle un daño.

La iniciativa contempla una pena de tres días a un año de prisión o una multa de entre 180 y 360 días para quien incurra en esta conducta.

Asimismo, el proyecto establece que las amenazas podrán estar dirigidas a causar afectaciones a la integridad física, psicológica o sexual de la víctima, así como a sus bienes, honor o derechos, o a personas con las que mantenga o haya mantenido un vínculo familiar, afectivo, laboral, de convivencia o de naturaleza similar.

La legisladora señaló que la reforma busca fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido conforme a la realidad criminológica actual y armonizar la legislación con los estándares constitucionales y de protección de los derechos humanos.

Arellano argumentó que la redacción vigente del Código Penal responde a una época en la que las formas de comunicación se limitaban principalmente al contacto personal y a la correspondencia escrita, por lo que resulta insuficiente frente al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

En ese sentido, explicó que el crecimiento de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico y otras plataformas digitales ha propiciado nuevas modalidades de amenazas que actualmente no están contempladas de manera expresa en la legislación.

El documento, turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis, señala que las amenazas ya no se restringen a interacciones presenciales o medios tradicionales, sino que también se presentan mediante redes sociales, plataformas digitales, correos electrónicos, perfiles anónimos y cuentas automatizadas.

La iniciativa también advierte un incremento de amenazas dirigidas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, destaca que organismos nacionales e internacionales consideran estas conductas como un posible antecedente de formas más graves de violencia física, psicológica o sexual, por lo que plantean la necesidad de atenderlas de manera oportuna.

GR