La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de presunto contrabando de combustible (huachicol), ha sido catalogada por la oposición mexicana como un acto de "persecución política" y una cortina de humo. Actores políticos del PRI y del PAN acusan al régimen de utilizar el sistema de justicia para desviar la atención pública de los escándalos de corrupción que atraviesan los gobiernos estatales de Morena.
Emilio Álvarez Icaza, integrante del Frente Cívico Nacional y promotor de Somos México, denunció que la captura del primer gobernador de oposición de México es un claro distractor frente a la crisis de la gobernadora Marina del Pilar.
El integrante del Frente Cívico Nacional recordó que hace un año, surgieron los primeros señalamientos de huachicol contra la empresa de Ruffo "Hace un año se hicieron esos señalamientos y él acudió con el SAT y Hacienda a demostrar que su empresa no tenía nada que ver con el huachicol…es un acto de persecución política hacía Ruffo" sentenció.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, puso en duda la narrativa de la Fiscalía, que calificó el caso como "la red de huachicol más grande detectada". Anaya cuestionó por qué las investigaciones no apuntan a la complicidad "Es un negocio redondo que necesita de la complicidad de servidores públicos", detalló, recordando además que este delito ha financiado campañas de Morena y que incluso familiares de altos mandos de la Marina han sido detenidos por estos nexos.
La diputada panista Paulina Rubio calificó de "sospechoso y cómodo" para el régimen federal sacar "un as bajo la manga" justo en medio de la polémica que envuelve a la gobernadora de Baja California.
Rubio criticó la sorprendente rapidez con la que actúa la Fiscalía cuando se trata de personajes opositores, en contraste con la lentitud para indagar a los miembros del partido en el poder. "Es sorprendente que la justicia actúe de manera tan pronta y expedita con personajes de la oposición; es importante que la justicia sea imparcial", demandó.
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