En medio de la crisis por el agua contaminada que reciben cientos de hogares en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) solicitó el apoyo de la seguridad pública de San Pedro Tlaquepaque para embargar a los usuarios que tienen adeudos.

El 7 de julio pasado el director del Siapa, Ismael Jáuregui Castañeda, envió un oficio al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Mario Silva Orozco, en el que le pide apoyo para llevar a cabo procedimientos administrativos de ejecución, “lo que implica, de así ser necesario, el embargo y secuestro de bienes, sobre los cuales se puedan hacer efectivos los adeudos a cargo de los contribuyentes morosos”.

Según la información que en diferentes momentos ha dado a conocer el Siapa, los adeudos de usuarios de toda la ZMG con el organismo suman más de 19 mil millones de pesos (mdp).

En el oficio se pide al jefe de la policía municipal que “se le brinden todas las garantías necesarias y el apoyo a nuestro personal de ejecución fiscal, para que puedan llevar a cabo las funciones inherentes a sus nombramientos como verificadores, notificadores y ejecutores fiscales”.

El Siapa señala en el texto que la Unidad de Determinación, Ejecución Fiscal y Fiscalización “está implementando una serie de acciones que nos permitan eficientar la operación recaudatoria en materia de derechos y aprovechamientos en favor de este organismo público descentralizado”.

Agrega que el apoyo de la policía se requeriría en caso de que el usuario se niegue a permitir el acceso a su vivienda a los ejecutores del Siapa. Para ello se cita el artículo 270 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que señala que “si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquel, o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar adelante los procedimientos de ejecución”.

El oficio del Siapa fue enviado una semana antes de que el Poder Ejecutivo del estado presentara ante el Congreso del Estado lo que han llamado el plan hídrico de la metrópoli, el cual incluye la distribución de agua a través de potabilizadoras móviles ante la crisis por el agua contaminada distribuida a través de las redes del organismo.

En entrevista, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, aclaró que no se apoyará al Siapa para que se embargue a los ciudadanos del municipio, pues, apuntó, el sistema ha demostrado que también tiene serias deficiencias en la cobranza y que hay adeudos acreditados de manera incorrecta.

Como ejemplo, dijo que a Tlaquepaque se le señalaban adeudos por más de 200 mdp, pero después de un año y medio de solicitar información al Siapa en el Municipio dieron cuenta que no tienen recibos y que el organismo solo pudo acreditar pagos pendientes por alrededor de 18 mdp, de los que solo 7.6 mdp corresponden a la actual administración.

Agregó que “lo más preocupante es que ni siquiera saben quién debe” y que su cartera vencida “es un desorden”.

Ayer se preguntó al área de Comunicación Social si el Siapa tenía planeado realizar embargos en todos los municipios en donde suministra agua potable, pero no hubo respuesta.

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