Avanza en comisión la propuesta para crear un Registro Público Estatal de Agresores Ambientales en Jalisco, donde se inscribiría a personas, empresas y servidores públicos con sanciones firmes por causar daños al medio ambiente. El dictamen, aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia.
El dictamen adiciona un nuevo Capítulo VIII al Título Sexto de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para crear este registro, el cual será administrado por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) como una herramienta de transparencia, prevención y vigilancia ambiental.
En el registro podrán inscribirse personas físicas y morales responsables de daños ambientales mediante resoluciones administrativas o penales firmes, quienes incumplan con la reparación del daño y servidores públicos que, por acción u omisión, hayan contribuido a afectaciones al medio ambiente.
La información incluirá el nombre o razón social del infractor, el número de expediente, una descripción del daño ocasionado, las sanciones impuestas, las medidas de reparación ordenadas y el estado de cumplimiento.
El registro deberá actualizarse trimestralmente y la información permanecerá pública por un mínimo de cinco años después de que se hayan cumplido las sanciones, aunque los inscritos podrán solicitar su retiro una vez acreditado su cumplimiento.
Durante el análisis del dictamen, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) propuso fortalecer el Registro Estatal Único de Descargas y Aportes Contaminantes (REUDAC) en lugar de crear un nuevo instrumento. Sin embargo, la comisión resolvió mantener la propuesta e incorporó la obligación para que las autoridades judiciales y administrativas informen a la PROEPA sobre las resoluciones firmes que deban integrarse al registro.
El dictamen señala que la medida busca fortalecer el acceso a la información ambiental, desincentivar la reincidencia en conductas que dañen los ecosistemas y reforzar el principio de que quienes contaminen asuman las consecuencias de sus actos. También sostiene que su implementación tendría un impacto presupuestal mínimo al aprovechar la infraestructura tecnológica existente.
CES
