Tras identificar que el aumento en los precios de la vivienda, la verticalización y la especulación inmobiliaria han restringido el acceso a las zonas mejor equipadas de Guadalajara, una investigación propone transformar la gestión urbana mediante un esquema que combine financiamiento público, regulación del desarrollo inmobiliario y cooperativas de vivienda para garantizar la permanencia de los habitantes y el acceso a vivienda asequible.

La investigación, titulada ‘La vivienda como activo urbano: estrategias de gestión incluyente frente a procesos de valorización y exclusión socioespacial en Guadalajara’, de Allan Daniel Melgar Ramírez, señala que en los últimos 20 años el costo de la vivienda aumentó 3.5 veces, lo que coloca a la ciudad entre las diez más caras de América Latina.

Además, advierte que la expansión de desarrollos verticales ha desplazado indirectamente a habitantes al elevar las rentas y el precio de la vivienda. 

Como parte del diagnóstico sostiene que instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) y los planes parciales han facilitado la valorización del suelo y nuevas inversiones inmobiliarias, sin incorporar mecanismos suficientes para garantizar vivienda asequible ni evitar el desplazamiento de los habitantes originales.

Frente a este escenario la investigación plantea una estrategia integrada por tres ejes. El primero propone recuperar parte de las plusvalías generadas por inversiones públicas o cambios normativos para destinarlas exclusivamente al financiamiento de vivienda de interés social y asequible.

El segundo eje plantea fortalecer la regulación del desarrollo inmobiliario mediante políticas de inclusión habitacional, condicionando nuevos proyectos en zonas de alta valorización a incorporar viviendas asequibles o realizar aportaciones equivalentes para producir vivienda social.

Como eje central propone un modelo cooperativo de gestión incluyente en el que la propiedad del suelo permanezca en manos de una organización colectiva y las personas accedan a las viviendas mediante el derecho de uso, evitándose así la especulación y preservando su asequibilidad.

Para operar este esquema se plantea identificar inmuebles y predios subutilizados para rehabilitarlos o desarrollar proyectos administrados por cooperativas con apoyo de una unidad técnica especializada y una estructura de gobernanza integrada por asambleas y comisiones ciudadanas.

El financiamiento se realizaría mediante un fideicomiso de suelo urbano de interés social (FSUIS) y sería alimentado con recursos de la recuperación de plusvalías, aportaciones públicas, contribuciones cooperativas y financiamiento ético con el fin de adquirir y conservar suelo para vivienda social.

El estudio concluye que Guadalajara debe dejar de priorizar el mercado inmobiliario y garantizar la vivienda como un derecho social. 

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