Dos hombres permanecerán bajo proceso penal luego de que un juez los vinculó por el delito de cohecho, tras ser señalados de presuntamente ofrecer dinero a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para evitar una investigación relacionada con el traslado de una máquina tragamonedas en el municipio de Zapopan.
La Fiscalía del Estado informó que los imputados, identificados como Francisco Javier “N” y Germán Humberto “N”, fueron detenidos el pasado 23 de julio durante un operativo realizado en calles de la colonia Tesistán.
De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, los militares interceptaron a los dos hombres cuando circulaban a bordo de una camioneta Nissan NP300 blanca, como parte de una revisión derivada de reportes ciudadanos sobre la presunta instalación de máquinas tragamonedas bajo amenazas atribuidas a integrantes de la delincuencia organizada.
Durante la inspección, los uniformados cuestionaron a los ocupantes sobre la procedencia de una máquina de videojuegos que transportaban en la caja del vehículo. La autoridad señaló que ambos adoptaron una actitud evasiva y, presuntamente, uno de ellos ofreció 65 mil pesos en efectivo para que los militares desistieran de las indagatorias.
Según la carpeta de investigación, el segundo implicado intervino para convencer a los elementos castrenses de aceptar el dinero y aseguró que podía conseguir recursos adicionales hasta completar un soborno de 100 mil pesos.
Tras su detención en flagrancia, las autoridades aseguraron más de 84 mil pesos en efectivo, distribuidos en diversos billetes, además de bolsas con miles de monedas de distintas denominaciones, una máquina contadora de monedas, consolas de videojuegos, teléfonos celulares, documentación y la camioneta utilizada por los imputados.
Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control calificó como legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de cohecho y ordenó como medida cautelar prisión preventiva justificada por un periodo de cinco meses, mientras continúan las investigaciones.
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