Tras no estar en la sesión de pleno en la que se avaló la desincorporación y donación de un predio en Mirador de San Isidro, en Zapopan, donde el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) desarrollará un complejo habitacional para policías estatales, la coordinadora de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, apuntó que el decreto por sí solo no permite la construcción del proyecto y adelantó que si la autoridad estatal continúa sin respuesta a la solicitud de diálogo con los vecinos, promoverá la comparecencia del director del Ijalvi, Guillermo Medrano Barba, ante el Congreso para informar sobre la viabilidad del proyecto.
Cárdenas Méndez explicó que el Congreso solo autorizó la donación de dos predios estatales, ubicados en Zapopan y Tonalá, al Ijalvi para Legado, programa de vivienda dirigido a policías. Aclaró que el decreto no sustituyó los permisos, estudios ni dictámenes requeridos para desarrollar la obra.
Insistió en que el aval legislativo no equivale a una licencia de construcción, un cambio de uso de suelo, una autorización de urbanización, un dictamen ambiental, estudios de movilidad, disponibilidad de agua o drenaje, permisos para retirar arbolado ni dictámenes de riesgos o protección civil.
Sostuvo que los estudios de viabilidad ambiental, hídrica, urbana y de movilidad deben ser elaborados, tramitados y transparentados por las autoridades responsables del proyecto y ante el Ayuntamiento de Zapopan, encargado de emitir las licencias correspondientes.
Cuestionada sobre su ausencia en la votación del pleno, explicó que salió momentáneamente de la sesión para revisar información de dictámenes votados en sesión; no obstante, reconoció que respaldó la propuesta previamente en la Comisión de Hacienda.
La legisladora reiteró que respalda el objetivo de brindar vivienda a elementos de seguridad, pero consideró que el proyecto debe realizarse únicamente en un predio que cumpla con las condiciones técnicas, ambientales y urbanas, además de contar con un proceso de socialización con la comunidad.
Recordó que la semana pasada solicitó una mesa de trabajo a la Coordinación de Gestión Integral del Territorio y al director del Ijalvi para dialogar con los vecinos, aunque hasta ahora no ha recibido una respuesta formal.
Ante ello adelantó que, si persiste la falta de diálogo y continúan las intervenciones en el predio, propondrá al inicio del próximo periodo legislativo la comparecencia del director del Ijalvi para que explique los estudios de viabilidad, los permisos obtenidos y el estado que guarda el proyecto habitacional.
Los otros ausentes en la sesión en la que se avaló el decreto en torno al predio de Mirador de San Isidro fueron Omar Cervantes Rivera y Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano (MC); Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Marco Moya Díaz, de Acción Nacional (PAN); Valeria Ávila Gutiérrez y Enrique Velázquez González, de Hagamos; Alberto Alfaro García, del Verde Ecologista de México (PVEM), y Sergio Martín Castellanos, del Partido del Trabajo (PT). Respecto a este último, el coordinador legislativo del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, señaló que su ausencia obedeció a actividades de agenda y recorridos en su distrito.
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