La inclusión de México en la lista de países de tránsito y producción de drogas ilícitas emitida por la Casa Blanca representa un ultimátum del presidente Donald Trump a la mandataria Claudia Sheinbaum para agilizar las extradiciones de políticos señalados por la justicia estadounidense, advirtió el consultor y analista político en seguridad, David Saucedo.

El especialista señaló que la administración estadounidense exige resultados inmediatos ante las próximas elecciones de noviembre; sin embargo, es complejo que el gobierno mexicano entregue a funcionarios o mandatarios estatales señalados, al ser operadores clave para el proceso electoral de 2027.

Sobre esta advertencia internacional, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, lamentó que la exigencia para investigar y detener a las autoridades vinculadas con el crimen organizado tenga que provenir del extranjero. Recordó que la oposición ha denunciado reiteradamente el control territorial del narcotráfico y su injerencia en las contiendas electorales a través del financiamiento ilícito y la amenaza a candidatos.

Respecto a la postura de Sheinbaum —quien rechazó que la justicia mexicana deba ser tutelada desde el exterior—, Saucedo calificó el mensaje como una defensa soberana alineada con la tradición diplomática del país, la cual sostiene los niveles de aprobación de la presidenta pese a las fricciones con Washington.

Por su parte, el senador panista urgió al gobierno federal a actuar internamente para evitar señalamientos internacionales. Enfatizó que, al ser Estados Unidos el principal socio comercial de México, se debe mantener una coordinación estrecha en materia de seguridad sin caer en la subordinación.

Al abordar el caso de perfiles bajo sospecha, como el gobernador Rubén Rocha Moya, el analista en seguridad advirtió que Washington podría emprender acciones unilaterales como el congelamiento de cuentas y bienes, o bien ejercer presión comercial, arancelaria y mediática para frenar carreras políticas. En la misma línea, Cortés coincidió en que la inacción del Estado mexicano abrirá la puerta para que fiscalías estadounidenses presenten pruebas ante jurados y emitan nuevas solicitudes de extradición contra servidores públicos coludidos.

Finalmente, tanto el analista como el legislador coincidieron en que la omisión gubernamental ha permitido que grupos delictivos ejerzan un control de facto en diversos municipios del país.

AL