Las escuelas conocidas como militarizadas en México podrán acceder a un proceso de regularización para continuar con sus servicios educativos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien señaló que deberán modificar su modelo de enseñanza y eliminar cualquier referencia o enfoque de carácter militar.
Durante una reunión con autoridades educativas estatales, el funcionario explicó que la legislación mexicana no contempla la figura jurídica de "escuelas militarizadas", por lo que estos planteles tendrán que adecuarse al marco normativo vigente.
Delgado detalló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contempla el cierre de estas instituciones, sino una ruta para que puedan regularizarse, siempre y cuando ajusten sus planes de estudio a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.
Entre los cambios solicitados se encuentra que la formación educativa esté orientada a la cultura de la paz, la seguridad, la empatía y el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
"El objetivo no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral", afirmó el titular de la SEP.
El secretario de Educación advirtió que aquellos planteles donde se comprueben casos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere los derechos de los estudiantes serán sancionados conforme a la ley.
Como parte del proceso de regularización, la SEP convocó a las autoridades educativas estatales y gobiernos locales a acompañar la transición de estas escuelas e informar a madres y padres de familia sobre las modificaciones que deberán realizarse.
Además, la dependencia señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar, al precisar que únicamente reconoce y opera escuelas destinadas a la preparación de su propio personal.
Eurípides Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, explicó que la determinación fue resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos.
GR
