La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) documentó, mediante la recomendación 19/26 que policías municipales de diversas demarcaciones habrían participado de diversas desapariciones forzadas por las que se abrió una queja en la defensoría.

La queja agrupa 107 quejas correspondientes a 119 desapariciones. De estas, en varios casos los principales señalados de desaparecer a las víctimas son policías.

El 7 de octubre de 2025, la CEDHJ recibió una queja en contra de policías viales de El Arenal, señalados de participar en la desaparición forzada de un hombre.

De acuerdo con la investigación, la persona salió de trabajar y fue a una tienda, tras un altercado con otro hombre, policías viales del municipio se lo llevaron detenido. Sin embargo, cuando la familia acudió a la Comisaría, negaron que hubiera sido trasladado ahí. Desde entonces está desaparecido. Si bien, hay orden de aprehensión en contra de los elementos, las indagatorias en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD) no avanzan, añadió la CEDHJ.

En otra de las quejas se señala a elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá. En este caso se tiene que policías municipales acudieron al lugar donde se reportó un incidente y al percatarse de la situación, únicamente se retiraron sin realizar mayores acciones, sin haber efectuado correctamente el protocolo del primer respondiente para atender el servicio reportado. Tras esto, una persona fue desaparecida.

Hay omisiones en Fiscalía e IJCF

Además de la persistencia de las desapariciones forzadas, la CEDHJ documentó varios casos en los que se registraron omisiones tanto en la VPD como en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que llevan a que haya cuerpos sin entregar y personas sin ser localizadas.

La defensoría describe el caso de dos personas que, si bien las carpetas de investigación señalan que fueron localizadas sin vida, las personas peticionarias señalaron que no existen elementos ni dictámenes de confrontas de ADN ni otros medios de identificación que permitan afirmar que se trata de sus familiares, situación que fue corroborada por esta defensoría.

Los 119 casos incluidos en la recomendación tienen como común denominador la inconformidad de las victimas indirectas en contra de agentes del Ministerio Público y sus representantes, policías investigadores de la ahora Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD), así como del personal del IJCF, COBUPEJ y CEEAVJ.

En uno de los casos se describe cómo las autoridades, en vez de abrir una carpeta de investigación, documentaron una desaparición cometida en octubre de 2011 dentro de una averiguación previa, misma que, con el paso de los años, perdieron en la VPD.

“En 2019 se le informó (a la denunciante) que la indagatoria había sido remitida para su trámite e integración ante la entonces FEPD, hoy VPD; sin embargo, cuando fue a preguntar por avances en las investigaciones, le dijeron que la averiguación previa había estado extraviada hasta ese año”, describe la CEDHJ.

Ante estas y más omisiones, la CEDHJ pide que haya aumentos presupuestales para las dependencias encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en el presupuesto 2027.

También solicita que se investigue en los órganos internos de control a cada funcionario que pudo haber sido omiso. A la par, que se intensifiquen las campañas en contra de la desaparición de personas.

AL