Las deficiencias en la recuperación de créditos fiscales en Jalisco responden a las fallas del sistema jurídico y de combate a la corrupción, y no a una omisión de la Auditoría Superior del Estado, a la cual no le corresponde cobrar deudas, aseveró el politólogo Javier Hurtado.

El especialista señaló que la fiscalización actual padece de severas debilidades tanto a nivel federal como municipal. Explicó que el problema de fondo radica en que los órganos de fiscalización dependen del Congreso del Estado o de la Cámara de Diputados, lo que provoca que la aprobación de cuentas públicas y el fincamiento de responsabilidades administrativas estén completamente politizados.

De acuerdo con Hurtado, existe una amplia discrecionalidad e impunidad en el manejo de recursos públicos por parte de los grupos parlamentarios. En el caso local, acusó que el Congreso de Jalisco actúa con partidismo al enviar "a la congeladora" las observaciones o responsabilidades dirigidas a sus aliados políticos.

Al abordar el tema de los pasivos, el politólogo cuestionó la viabilidad real para que la Secretaría de Hacienda Pública recupere los 500 millones de pesos que debe el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL). Comparó esta situación con deudas como la del municipio de Bolaños, que asciende a 360 millones de pesos, la cual resulta prácticamente incobrable debido a que no es viable embargar las participaciones federales sin dejar a la población sin servicios básicos y seguridad.

Para solucionar este rezago, Hurtado planteó la necesidad de transformar el sistema actual en un organismo constitucional autónomo, similar al modelo de Tribunal de Cuentas en España o Francia, integrado por magistrados electos de manera indirecta, con facultades para ejecutar el cobro de créditos e imponer sanciones penales que incluyan la privación de la libertad.

AL