Susana, una madre de familia de origen costarricense, denunció públicamente las barreras burocráticas y la falta de empatía por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismo que le fijó la cuota máxima de guardería para su hija sin considerar la situación financiera real de su hogar.

La afectada explicó que el DIF le asignó una cuota de recuperación de dos mil 850 pesos mensuales, el equivalente al 10 por ciento de sus ingresos ordinarios, bajo el argumento de que, por su condición de extranjera, la institución no puede validar los comprobantes de gastos y deudas que la familia mantiene en su país de origen, entre ellos el pago mensual que realizan en Costa Rica de un crédito hipotecario.

A pesar de que la familia apeló formalmente la resolución y presentó la documentación comprobatoria, tras dos meses de gestiones el DIF notificó que ningún comprobante externo sería tomado en cuenta, alegando reglamentos internos que la propia dependencia se ha negado a transparentar y que no figuran en sus portales oficiales.

A la carga financiera se suman los gastos médicos por la atención psicológica especializada que recibe su esposo, quien se encuentra en el espectro autista. Aunque la familia presentó los comprobantes del tratamiento particular que mantiene desde Costa Rica, el DIF desestimó dichos egresos y les ofreció como única alternativa canalizarlo al Centro de Autismo de la propia institución, donde se les advirtió de una lista de espera de más de cinco años para recibir atención.

“Al consultar con otras familias sobre cómo manejan estos trámites, me di cuenta de que muchas se ven obligadas a mentir u ocultar datos. El DIF no toma en cuenta la situación real en sus estudios socioeconómicos ni considera las obligaciones o deudas de la gente, las familias buscan cómo reducir la cuota”, lamentó Susana.

AL