Grupos criminales están desplazando comunidades de la Sierra de Chihuahua para obtener el control de territorios, incluso en zonas donde no existen recursos naturales como madera, agua o minerales que expliquen su interés, advirtieron organizaciones civiles.
Durante la presentación en Ciudad de México de un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que el territorio se ha convertido en una nueva fuente de riqueza para las organizaciones delictivas.
Explicó que el control territorial permite a los grupos criminales decidir qué actividades pueden realizarse dentro de las comunidades y operar con altos niveles de impunidad.
La misión documentó además un patrón de violencia que comienza con amenazas y ataques dirigidos contra líderes comunitarios o personas identificadas como capaces de organizar resistencia.
Cuando estas agresiones no consiguen expulsar a la población, señaló Loya, la violencia puede escalar hacia ataques indiscriminados contra las comunidades.
De acuerdo con los defensores de derechos humanos, este patrón también ha sido identificado en Guerrero, aunque los grupos criminales que operan en ambas entidades tendrían intereses distintos.
Entre las formas de violencia documentadas se encuentran el uso de armas de alto calibre y drones cargados con explosivos. Loya comparó esta última práctica con tácticas empleadas en conflictos armados como el de Rusia y Ucrania.
La violencia y el desplazamiento también han afectado a menores de edad. Durante un encuentro de la misión con niñas, niños y adolescentes desplazados, una menor de 12 años manifestó sentirse involucrada en el conflicto que afecta a sus comunidades.
Nataniel Hernández, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), señaló que las autoridades deben atender de manera integral a las personas desplazadas, particularmente a los menores que pierden su escuela, amistades y vínculos comunitarios.
El informe recomienda que los gobiernos municipales, estatales y federal reconozcan formalmente el fenómeno del desplazamiento forzado interno y establezcan una ruta de atención y protección para las personas obligadas a abandonar sus comunidades.
Hernández señaló que, en algunos casos, las propias autoridades habrían presionado a las personas desplazadas para que regresaran a sus comunidades, pese a las condiciones de inseguridad.
La misión se reunió en mayo pasado con alrededor de 200 personas provenientes de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se habían desplazado hacia la ciudad de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Delicias.
De acuerdo con el informe, durante 2025 al menos 4 mil 492 personas fueron desplazadas en Chihuahua, de las cuales mil 335 correspondieron únicamente a habitantes de Guadalupe y Calvo.
A nivel nacional, un informe citado por Amnistía Internacional registró al menos 28 mil 900 personas desplazadas por la violencia en México durante 2024, un incremento de 129 por ciento respecto al año anterior.
Las organizaciones civiles insistieron en que el desplazamiento forzado debe ser reconocido como una problemática de derechos humanos y atendido mediante medidas de protección, asistencia y garantías para las comunidades afectadas.
GR
