Una mujer denunció públicamente haber sido víctima de violación por parte de Lucio Miranda N., exsíndico y exdirector del DIF Jalisco. Ante ello, hizo un llamado al gobernador de Jalisco para que no se brinde ningún tipo de protección política al exfuncionario y se investiguen los señalamientos.

"Hacemos un fuerte llamado al gobernador Pablo Lemus. Este no es el único delito de violación y de abuso sexual o de abuso sexual infantil que están impunes, a que no encubra, a que no apoye a este violador, a que le retiren cualquier apoyo político, jurisdiccional que se le pretenda dar porque ya se dijo que ya hay fichas circulando entre las autoridades porque se le quiere apoyar”, manifestaron integrantes de Mujeres Unidas Jalisco. 

También hicieron un llamado a otras posibles víctimas de abuso sexual a denunciar y ofrecieron acompañamiento para quienes decidan iniciar un proceso ante las autoridades.

En el testimonio difundido públicamente, la mujer afirmó que después de la presunta agresión, recibió amenazas y expresó temor por su seguridad y la de su familia.

De acuerdo con su relato, buscó apoyo en los Centros de Justicia para las Mujeres, sin embargo, aseguró que hasta ahora no ha obtenido una respuesta que le permita sentirse protegida.

La denunciante también afirmó que Miranda N. presumía tener respaldo político y mencionaba al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como al entonces funcionario Salvador Zamora, para hacerle saber que, según ella, no tendría consecuencias.

El señalado, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, permanecerá seis meses en prisión preventiva por hechos ocurridos en marzo de 2024, cuando se desempeñaba como funcionario estatal

De acuerdo con las autoridades, el ex director general del DIF Jalisco y quien actualmente se desempeñaba como coordinador de un área del Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga.

La Fiscalía informó que el 12 de agosto Lucio “N” fue detenido y posteriormente presentado ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Además, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

GR