El especialista en seguridad y analista político Daniel Gómez Tagle advirtió que el relevo en el gobierno de Sinaloa no representa un cambio en la estructura de seguridad ni garantiza una reducción de la violencia.

Explicó que durante el periodo de Rubén Rocha Moya hubo primero una disminución gradual del riesgo civil y policial, pero a partir de 2022 los delitos comenzaron a incrementarse hasta que, en 2025, Sinaloa necesitó una intervención urgente del Gobierno federal al verse rebasadas sus capacidades de seguridad.

Gómez Tagle señaló que la llegada de Graciela Domínguez no modifica la estructura de las policías estatales y municipales, debido a que éstas dependen en buena medida de una estrategia federal que no considera de manera suficiente los riesgos locales.

El especialista descartó además que el nombramiento de una gobernadora interina pueda resolver el problema de fondo. Como ejemplo, indicó que el riesgo policial pasó de 68.61 en 2022 a 763.65 en 2025, un incremento que no puede solucionarse con un cambio administrativo.

Sobre la posible detención y extradición de Rocha Moya a Estados Unidos, consideró que Washington podría estar buscando un margen de negociación para lograr una entrega pactada, debido a la información que el gobernador podría aportar sobre los vínculos entre la política y el crimen organizado.

Finalmente, Gómez Tagle sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un punto de inflexión y podría estar buscando una salida negociada para la entrega de Rocha Moya, al considerar que una detención por la fuerza tendría consecuencias políticas y de seguridad para México.

GR