El gobierno del estado impugnó la suspensión provisional que obtuvieron los vecinos de Mirador de San Isidro, en Zapopan, en contra del proyecto de construcción de vivienda para policías. Según la información que puede consultarse en la página web del Poder Judicial de la Federación (PJF), autoridades estatales presentaron dos recursos de queja.

En una sesión celebrada ayer por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se debía resolver una de las quejas; sin embargo, la discusión se suspendió porque se recibió un segundo recurso contra la misma suspensión.

La magistrada presidenta del colegiado, Claudia Mavel Curiel López, planteó en la sesión extraordinaria virtual, celebrada ayer a mediodía, que se suspendiera el plazo para la resolución de la queja presentada por las autoridades señaladas como responsables por los vecinos de Mirador de San Isidro, el cual vencía ayer mismo a las 13:40 horas. La pausa, explicó, fue para que se revisara conjuntamente con la segunda queja, también presentada por autoridades estatales.

Aseguró que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que marca la revisión conjunta, para “que no vayamos a cometer un error”. Además, se desconocían los agravios de la segunda queja.

La suspensión del plazo fue respaldada por el magistrado Leonel Medina Rubio, mientras que el magistrado José de Jesús Flores Herrera votó en contra, pues afirmó que no hay disposición legal que permita dicha medida, por lo que pidió que le mostraran la jurisprudencia. La presidenta dijo que no la tenía en ese momento.

En las versiones públicas del proceso se puede confirmar que el 24 de agosto pasado se recibió un recurso de queja urgente, el cual quedó bajo el número 340/2026, mientras que ayer se informó de un segundo recurso, con número de expediente 343/2026. Ambos fueron interpuestos en contra de la suspensión provisional que concedió el 20 de agosto pasado el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.

En la información no aparece qué autoridad interpuso las quejas, aunque en otras actuaciones aparece como autora de oficios remitidos al tribunal la Dirección General Jurídica “de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del gobernador constitucional y el secretario general de Gobierno, ambos del estado de Jalisco”. 

El juicio de amparo fue promovido el 18 de agosto pasado por vecinos de Mirador de San Isidro en contra de actos del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y otras autoridades por la promulgación y publicación del decreto 30191/LXIV/26, y por “la omisión de garantizar el derecho a la consulta pública y participación ciudadana e información ambiental”, así como por la “omisión de realizar estudios de impacto hidrológico”.

El decreto referido fue publicado en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’ el 11 de junio pasado tras el aval del Congreso del Estado, el cual autorizó el 28 de mayo al Poder Ejecutivo “entregar en donación condicionada dos inmuebles propiedad del gobierno del estado ubicados en los municipios de Zapopan y Tonalá a favor del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) para que sean destinados a la construcción de vivienda en el marco del programa denominado Legado”, estrategia que considera proyectos habitacionales para policías estatales. 

Uno de estos predios es el que provocó la inconformidad de vecinos de Mirador de San Isidro y está ubicado en la avenida Valle de San Isidro, sin número, casi esquina con las calles Cardenal y Colibrí, en ese fraccionamiento”. Tiene una superficie de 12 mil 830.79 metros cuadrados.

El segundo predio se encuentra entre las calles Juárez y Allende, en el fraccionamiento Camichines, Segunda Sección, en el poblado de Coyula de Tonalá. Tiene una superficie de 6 mil 546.74 metros cuadrados.

Según la información relacionada con el juicio de amparo, publicada en la página web del PJF, hoy se celebraría la audiencia incidental en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa para determinar si se concede la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional del amparo fue programada el 10 de septiembre próximo.

Medrano pide esperar resolución definitiva

Tras el anuncio del presidente de Zapopan, Juan José Frangie Saade, de que en el municipio hay más predios donde pudiera construirse el desarrollo inmobiliario de Legado Jalisco y que uno de ellos está por la zona de Tesistán, el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano Barba, pidió esperar la resolución definitiva de la jueza federal sobre el amparo interpuesto por vecinos para la toma de decisiones. 

“Nosotros estamos acatando la instrucción del juez, somos respetuosos de la legalidad, yo me esperaría a lo que disponga el juez. Yo he escuchado a través de los medios las propuestas (de Frangie Saade) y estamos abiertos a cualquier situación. Lo importante no es confrontarnos”, dijo.

Y añadió: “No me corresponde decir si es viable o no (el lote que propone Zapopan). Hay predios viables en todo el estado, si existe la disposición de donarle predios al Ijalvi están las puertas abiertas. Yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo y estoy esperando lo que acate la disposición del juez”.

El titular del Ijalvi insistió en que el instituto realizó todos los procesos conforme a las leyes en la materia para poder construir el proyecto habitacional de Legado en Mirador de San Isidro, por lo que cree que la jueza le terminará dando la razón.

Y aunque dijo que será respetuoso de la resolución que tome la jueza que lleva el caso, reconoció que, una vez que se dé, el Ijalvi analizará si toma o no medidas en caso de que haya una suspensión definitiva en favor de los vecinos.

Adicionalmente, adelantó que ya avanza el proceso para llevar otro proyecto habitacional de Legado a Tonalá con los trámites municipales, por lo que se dijo extrañado de que el alcalde, Sergio Chávez Dávalos, haya mencionado desconocerlo, por lo que añadió que en los próximos días se reunirá con él. Mencionó que en este municipio el desarrollo estaría ubicado en un predio de poco más de 6 hectáreas en el Rancho La Cruz, en San Gaspar. Ahí se pretende construir 128 departamentos de 60 metros cuadrados para policías estatales. Lauro Rodríguez 

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