Eran alrededor de las 13:20 horas del domingo 11 de octubre. Al grupo de WhatsApp que tenemos quienes trabajamos en NTR Guadalajara llegó un mensaje: “Nos dispersaron con gas lacrimógeno”. Pasaron cinco minutos y cayó una más de otro de nuestros compañeros: “Me cayó gas lacrimógeno, ayuda”.
Ese día, cinco periodistas de NTR estaban en la megamarcha con motivo de las condiciones en las que llegaba el agua potable a las casas de quienes habitamos la zona metropolitana y que es distribuida por el Siapa, afuera de Casa Jalisco. Todos fueron parte de los rociados. Unos alcanzaron a correr, uno de ellos no y, de hecho, fue ayudado por otras personas para poder salir de allí y recibir atención de primeros auxilios.
Hasta ahora, más de cinco semanas después, nadie se ha hecho responsable de ese operativo en el que el propio gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo excesos. El ahora ex secretario general de Gobierno Salvador Zamora se libró del llamado a comparecer (y de la glosa) ante el Congreso. El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, tampoco ha asumido responsabilidad alguna por los atropellos de sus elementos.
Esta semana Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo México publicaron el documento ‘Represión como respuesta. Agresiones contra la prensa y las personas manifestantes durante las protestas de octubre de 2026 en Ciudad de México, Jalisco y Morelos’. En el caso de Guadalajara, consignan los testimonios de seis periodistas sobre las agresiones que sufrieron en las manifestaciones del 11 y 18 de octubre, enfatizando el contexto de “represión y uso abusivo de la fuerza” de parte de las autoridades de Jalisco. Hay otros cuatro testimonios que están en revisión.
Estamos en la víspera de una nueva marcha, convocada para el próximo domingo. Después de cinco semanas una pensaría que algo se habrá aprendido de las manifestaciones anteriores, porque quienes protestaron entendieron todo muy rápido. Lo demostraron en la segunda marcha, cuando no se dejaron llevar ni cayeron en las provocaciones de grupos de choque que ni siquiera disimularon sus intenciones. ¿Pero qué aprendieron las autoridades? Porque ese mismo día poco hicieron para acompañar a quienes protestaban, para garantizar su seguridad, su integridad.
Porque los medios, los periodistas, en general estamos capacitándonos, estudiando, conversando en nuestras redacciones, con nuestros colegas, para hacer un mejor trabajo, una mejor cobertura; para actuar con respeto hacia los actores sociales y políticos, pero también para reducir escenarios de riesgo, para acompañar a otros del gremio, para establecer protocolos de emergencia y apoyo. Pero nada de ello será suficiente si la otra parte, la que tiene la fuerza policiaca, sigue actuando de formas, por decir lo menos, torpes y cuestionables.
Ya ni siquiera se trata de autoridades contra periodistas. Se trata de que debe haber garantías irrestrictas para hacer nuestro trabajo. Que debería haber la certeza de que saldremos a hacer una cobertura y regresaremos con bien a nuestra redacción, a nuestra casa. Que tener que ejecutar un protocolo de emergencia sea una excepción.
Y, en medio de todo, yo sigo teniendo un par de preguntas para las que aún no hay respuestas:
¿Por qué el gobernador fue capaz de reconocer fallas y omisiones, pero sus subalternos siguen sin asumir ninguna consecuencia? ¿Por qué el gobernador debió salir solo, sin que hasta este jueves 19 de noviembre se haya ido, por estos hechos, ningún funcionario de rango, considerando que Zamora dejó el gabinete por asuntos personales y de partido?
Porque sí, el gobernador es responsable de todos sus funcionarios. Pero también es quien puede pedirles que den cuentas de sus actos, decisiones y omisiones.
Y no lo han hecho.
BG/I









