Poner fin a la discrecionalidad en las factibilidades hidráulicas, castigar con mayor severidad la corrupción y hacer pública la información sobre la calidad del agua son algunas de las medidas que plantea Mariana Casillas en una iniciativa construida con el especialista Josué Sánchez Tapetillo, que llegará al Pleno el 3 de septiembre.

La propuesta busca que cada factibilidad hidráulica tenga un folio único, seguimiento electrónico, plazos definidos, criterios objetivos, publicidad y mecanismos de impugnación. Con ello se pretende evitar autorizaciones opacas para desarrollos habitacionales, comerciales o industriales que no cuenten con infraestructura suficiente.

Como ejemplo, Casillas señaló que el acuífero de Toluquilla registra un déficit anual de 75.6 millones de metros cúbicos y, pese a ello, recibió 44 nuevas concesiones en 2024. La diputada sostuvo que este tipo de autorizaciones deben sujetarse a criterios técnicos y a la disponibilidad real de agua.

La iniciativa también plantea aumentar las sanciones para servidores públicos responsables de actos de corrupción relacionados con el agua. Cuando estas conductas provoquen contaminación o daños graves a la salud, las penas podrían duplicarse.

Otro de los ejes es crear un sistema público de monitoreo de la calidad del agua, mediante el cual la ciudadanía pueda consultar información actualizada sobre las condiciones de cuencas y acuíferos, particularmente en zonas con presión urbana o antecedentes de contaminación.

De acuerdo con Sánchez Tapetillo, actualmente las factibilidades pueden otorgarse mediante procesos discrecionales, lo que permite que desarrolladores obtengan conexiones a los servicios sin aportar infraestructura suficiente. La propuesta busca transparentar los criterios y permitir que los vecinos conozcan qué proyectos se pretenden construir y cómo se mitigarán sus impactos.

La iniciativa contempla además crear el Instituto Jalisciense de Estudios sobre el Agua, como un organismo descentralizado encargado de investigación, innovación, capacitación y generación de conocimiento técnico especializado. Casillas planteó que el Gobierno estatal destine 1% de su presupuesto anual a ciencia, tecnología e innovación para dar suficiencia a esta institución.

Además, la iniciativa será acompañada por dos acuerdos legislativos: uno para solicitar la instalación de plantas potabilizadoras permanentes en Tlajomulco y atender colonias con problemas de calidad o suficiencia de agua, y otro para que el SIAPA revise su plantilla y establezca mecanismos de colaboración con universidades para incorporar ingenieros y especialistas.

Además, se revisa una propuesta ciudadana de la Universidad Panamericana para modificar la gobernanza del SIAPA, con una Junta de Gobierno de 15 integrantes: nueve ciudadanos y seis representantes gubernamentales. 

CES