Los vecinos de Mirador de San Isidro, en Zapopan, pretenden continuar con el juicio de amparo que promovieron contra la construcción de departamentos para policías estatales como parte del programa Legado porque la intención es que quede un precedente para que las autoridades sometan a consulta pública estas decisiones y se respete el destino de los inmuebles entregados como áreas de donación para equipamiento urbano, señaló el abogado Christian Gudiño, quien acompaña la defensa de los vecinos.
Aclaró también que están dispuestos a atender el llamado al diálogo que hizo el gobernador Pablo Lemus Navarro, aunque también precisó que no han sido contactados formalmente. Explicó que hay una línea de comunicación con el Ayuntamiento de Zapopan, donde ayer volvieron a preguntar si ya se tenía una fecha para la reunión “ y aún no nos han informado nada”.
El abogado dijo que los vecinos se manifestarán hoy en la Ciudad Judicial federal, donde está programada en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa la audiencia incidental, en la cual se resolverá si se les concede la suspensión definitiva en contra del proyecto habitacional.
Según los datos que pueden consultarse en la página web del Poder Judicial federal, la audiencia, que debía celebrarse el 27 de agosto pasado, fue reprogramada para hoy a las 9:52 horas. El cambio se dio por las dos quejas que interpusieron el gobernador Pablo Lemus y el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, así como el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), las cuales fueron desechadas por un tribunal colegiado.
Christian Gudiño recordó que los vecinos de Mirador de San Isidro ya habían tenido una lucha previa por este terreno, “lo que nos dio a nosotros mucho material para hacer un amparo robusto”. Entre los documentos que se presentaron como prueba y que son de consulta pública, mencionó, están los que definen claramente cuál iba a ser el destino del predio.
Aclaró que la aprobación por parte del Congreso del Estado para que el predio se desincorpora del patrimonio estatal para ser entregado al Ijalvi “no significa que puedan variar los fines para los que fue designado”.
Recordó que, siempre que se construye un desarrollo inmobiliario, los constructores deben donar parte del inmueble para que se destine a servicios a la comunidad, que es este caso; sin embargo, en los últimos diez años se han usado esas donaciones para construir más viviendas o para negocios privados. Por ello, indicó que es importante vigilar si se concede la suspensión definitiva, pues será un caso que sirva de ejemplo en otras colonias.
Finalmente, indicó que también esperan aportar pruebas periciales sobre la importancia hídrica del predio.
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