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Fiscalía judicializa 220 carpetas por presunto fraude de AJP

Fiscalía judicializa 220 carpetas por presunto fraude de AJP

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, desde 2022 y hasta la fecha, han sido judicializadas 220 carpetas de investigación relacionadas con el presunto fraude de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), con mil 332 personas afectadas y un monto de perjuicio que supera los mil 826 millones de pesos.

Durante una rueda de prensa, el titular de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez Bañuelos, dio a conocer los avances de las indagatorias iniciadas a finales de julio y principios de agosto de 2022, luego de que comenzaron a recibirse las primeras denuncias contra la empresa.

El funcionario detalló que hasta el momento dos personas han sido vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada. Además, la Fiscalía tiene identificadas a otras 15 personas, presuntamente colaboradoras del esquema, contra quienes existen órdenes de aprehensión.

Como parte de las acciones para lograr su localización y captura, se han solicitado 11 alertas migratorias, las cuales permanecen vigentes.

De acuerdo con las investigaciones, AJP presuntamente ofrecía asesoría para realizar inversiones en bienes raíces con la promesa de obtener rendimientos mensuales de entre uno y tres por ciento. Sin embargo, tras las denuncias, las autoridades obtuvieron información que apunta a la operación de un presunto esquema piramidal tipo Ponzi.

Este modelo consiste en utilizar los recursos aportados por nuevos inversionistas para cubrir las supuestas ganancias de quienes ingresaron previamente, hasta que el sistema deja de ser sostenible.

Gutiérrez Bañuelos recordó que, como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía realizó cateos en tres inmuebles relacionados con el caso: dos oficinas de la supuesta empresa y el domicilio particular de uno de los involucrados.

Fiscalía exhortó a las personas que hayan sido víctimas de este u otros posibles fraudes a presentar una denuncia formal ante la autoridad ministerial para que puedan iniciarse las investigaciones correspondientes.

 

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