La impunidad que prevalece en los casos de feminicidio en el país está directamente vinculada a la falta de denuncias y al aumento de la cifra negra, una situación provocada porque las autoridades federales y estatales planean escenarios alejados de la realidad que enfrentan las mujeres, advirtió la coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUCSH, Violeta Yazmín Sandoval.

La investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuestionó la efectividad de las acciones gubernamentales y urgió a revisar qué están haciendo realmente las instituciones para garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres en los diferentes espacios del país.

Sandoval explicó que diversos estudios de género sustentan que la violencia ejercida contra las mujeres va más allá de arrebatarles la vida, respondiendo a patrones de control y de poder:

"La agresión suele desatarse cuando la mujer decide salir de la lógica de dependencia masculina. A consecuencia de esa búsqueda de autonomía, se genera una reacción de odio como un ejercicio fallido de poder que llega a niveles extremos como el feminicidio", detalló la especialista.

Respecto a las políticas públicas y leyes de protección para las mujeres, la académica urgió a las autoridades a garantizar que los marcos normativos y protocolos de actuación no se queden como meras "ficciones jurídicas", sino que se materialicen en la vida cotidiana.

La coordinadora del Centro de Estudios de Género lamentó que, por falta de recursos económicos, las intenciones no se concreten en la práctica. Denunció que existen instituciones donde la mayor parte del presupuesto se destina al gasto operativo y de nómina, dejando fondos insuficientes para la atención directa a las víctimas.

AL