El especialista en seguridad, Víctor Hernández consideró que la presión de Estados Unidos sobre ciudadanos, políticos e instituciones mexicanas señalados por posibles vínculos con el crimen organizado alcanzó niveles de máxima tensión.

Explicó que una de las diferencias entre ambos países está en el funcionamiento de sus sistemas de justicia. Señaló que en Estados Unidos las fiscalías cuentan con más recursos para investigación forense y los procesos penales son más ágiles, mientras que en México existen mecanismos legales que retrasan los juicios como los amparos y las dificultades para notificar a los acusados.

El especialista añadió que el sistema estadounidense también permite avanzar en investigaciones sin que las autoridades hagan públicas de inmediato todas las pruebas. Explicó que elementos como videos o documentos no necesariamente constituyen por sí mismos una prueba plena y que, en Estados Unidos, existe un enfoque más pragmático para acreditar la existencia y operación de organizaciones criminales.

Sobre las sanciones financieras contra instituciones mexicanas, advirtió que la presión de Estados Unidos no requiere una acusación penal. Señaló que las designaciones pueden afectar la capacidad de una institución para realizar operaciones en dólares y generar consecuencias económicas severas, incluso sin que exista un proceso penal contra sus directivos.

Respecto a los señalamientos contra integrantes del entorno de Andrés Manuel López Obrador, consideró que tienen una dimensión política y diplomática, pero también sostuvo que las acusaciones de vínculos entre autoridades y organizaciones criminales no se limitan a un solo partido.

Víctor Hernández coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en calificar algunas acciones estadounidenses como una forma de imperialismo judicial, aunque señaló que México también debe atender las acusaciones de corrupción y de vínculos con el crimen organizado.

GR