Tras las manifestaciones y bloqueos realizados por estudiantes de la Escuela Preparatoria Vocacional por presuntos casos de acoso sexual, el coordinador general de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Montalberti Serrano, reconoció que la institución debe hacer una pausa para revisar si está escuchando correctamente a los jóvenes y atender sus demandas.
El funcionario expuso que existe molestia legítima en el alumnado, por lo que la UdeG tiene la obligación de revisar sus protocolos, atender las denuncias y aplicar sanciones sin ningún tipo de distinción o favoritismo.
Ante la inconformidad estudiantil, la UdeG instaló mesas de trabajo integradas por el Sistema de Educación Media Superior (SEMS), la Defensoría de Derechos Universitarios y el área jurídica. Entre los primeros acuerdos se determinó habilitar un correo institucional exclusivo para que las y los alumnos envíen sus quejas y se les dé seguimiento puntual.
Respecto a los docentes señalados, Serrano explicó que se les emite una orden de restricción para impedirles el ingreso a los planteles mientras se realiza la investigación. Sin embargo, admitió que no puede asegurar que no exista personal protegido, por lo que urgió a investigar a fondo:
"Hay que sancionar sin distingos a quien sea responsable y llamar a cuentas a quien haya sido omiso. Hay que reflexionar que no lo estamos haciendo de la manera correcta", aseveró.
El coordinador de Seguridad Universitaria pidió cerrar filas ante personas externas que intenten manipular las demandas del alumnado. Aseguró que la UdeG ha detectado la presencia de grupos radicales ajenos a la universidad que buscan generar agresiones, amenazas y violencia durante las protestas.
Pese a esta situación, Serrano enfatizó que la instrucción de la Rectoría General de la UdeG ante cualquier manifestación es clara y prioritaria: cuidar y proteger a los jóvenes, respetar su derecho a manifestarse y escucharlos.
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